Quince millones sin justificar

El mismo día en que fue objetado por la Cámara Federal y cinco meses después de haber implantado el secreto de sumario, el juez Norberto Oyarbide dejó caer ayer la veda informativa sobre la causa en la que se investiga a Sergio Schoklender. Una de las irregularidades investigadas por el juez, que ayer se pudo conocer, pasa por una supuesta falta de justificación en el pago de unos 15 millones de pesos por obras en el barrio Los Piletones, a cargo de Madres, y con financiamiento público.

La decisión del magistrado de no prorrogar el secreto precipitará los tiempos del expediente, en particular la llamada a declaración indagatoria del propio Schoklender y de algunos de los otros imputados. Aunque tanto el juez como el fiscal Jorge Di Lello tenían previsto concretar esa audiencia el mes próximo, la cita del exapoderado de las Madres a tribunales quedó en duda por la demora en uno de los informes pedidos por el magistrado.

Desde hoy, los 104 cuerpos del expediente (de 200 fojas cada uno) estarán a disposición de los abogados defensores del centenar de acusados y del abogado querellante de las Madres, Eduardo Fachal. Sin embargo, en el juzgado explicaron que desde hace tres meses las partes tenían acceso a buena parte del sumario, con excepción de las medidas de prueba ordenadas por Oyarbide.

El levantamiento del secreto, así como el envío este miércoles de copias al juez Marcelo Martínez de Giorgi para analizar posibles conexidades con otra causa parecían medidas de Oyarbide orientadas a evitar una nueva diatriba de los camaristas, lo que de todos modos se concretó ayer mismo.

Oyarbide cuenta en la actualidad con un informe casi completo del Banco Central respecto de la ruta del dinero para las obras de las Madres desde su origen, el Ministerio de Planificación, hasta la fundación Madres, con posibles derivaciones de características irregulares. Por caso, los investigadores dijeron contar con casos verificados de empleados que ganaban salarios de no más de $ 2.000 y que, en el lapso de una semana, habían registrado movimientos bancarios por unos 5 millones de pesos.

El juez y el fiscal, sin embargo, aguardan el resultado de otro informe, elaborado por la División Patrimoniales de la Policía Federal, que permitiría determinar con certeza si se cometió defraudación con fondos públicos. Las autoridades policiales le pidieron ayer a Di Lello entre 50 y 60 días más para entregarlo, lo que podría demorar definiciones del expediente.