Reabren investigación a Moyano

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La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal reabrió una causa que investiga a Hugo Moyano por la supuesta compra de una estancia en la provincia de Buenos Aires, y ordenó que se profundizara la pesquisa sobre el sindicalista.

El caso, que se inició en 2006 a través de una denuncia enviada por correo electrónico al fiscal Oscar Amirante, había sido archivado por el juez Norberto Oyarbide, quien consideró que no había suficientes elementos para continuar con la indagación vinculada a Moyano. El fiscal Carlos Rívolo apeló el fallo y el lunes pasado, el tribunal de alzada consideró que había elementos suficientes para seguir investigando.

Según el denunciante, que se identifico como Nicolás Martella, Moyano habría adquirido la estancia San Ignacio, ubicada en la localidad de Henderson, provincia de Buenos Aires, con dinero de supuesto origen ilícito. Como puntualiza la resolución de la Cámara, más tarde se comprobó que esta propiedad pertenecía a la firma Calema SA.

Esta empresa habría estado relacionada con Juan Manuel Palacios, ex titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y mano de derecha del titular de la CGT, quien perdió su sindicato a partir del escándalo que disparó el caso (ver nota aparte). La información surgió a partir de una nota periodística que fue agregada al expediente y, a pesar de que los camaristas señalan que la vinculación entre Palacios y Calema SA había sido acreditada por la Inspección General de Justicia (IGJ), la Justicia no profundizó esta línea de investigación.

Tampoco la relación entre Moyano y la estancia. Según recuerda la Cámara, Oyarbide cerró el proceso, al considerar que «no se han podido acreditar los extremos denunciados, en particular, respecto de la posible participación de Hugo Moyano en el asunto», así como señaló que «tampoco es posible profundizar la investigación en torno al patrimonio de Calema SA, sus socios y miembros de la UTA en tanto que tal proceder constituiría una 'operación de pesca' que excedería ampliamente el objeto procesal».

El tribunal de alzada, integrado por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah (quien votó en disidencia), determinó hacer lugar a la apelación del fiscal. Rívolo había solicitado, a partir del informe de la IGJ, se le diera intervención a la Unidad de Información Financiera para «establecer si la operación mediante la cual se transfirió la propiedad del inmueble a la empresa se encuentra justificada según su situación patrimonial», y así determinar «si corresponde ahondar en el origen del dinero con que ella se solventó».

La Cámara avaló este pedido, ya que consideró que las medidas pedidas por Rívolo se adecuaban al objeto del proceso y «lucen conducentes para agotar la pesquisa». Por su parte, Farah rechazó la apelación, debido a que el fiscal la presentó fuera del plazo establecido.

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