Un fallo que festejan las inmobiliarias, pero golpea a los inquilinos

Buscan que las comisiones las dejen de pagar los propietarios. Significa un desembolso de más de $45 mil para quienes alquilan sólo para ingresar a una propiedad de dos ambientes.

Dos semanas atrás las inmobiliarias celebraban el nuevo fallo que busca cambiar la tan polémica Ley de Alquileres en la Ciudad de Buenos Aires y así volver a cobrarles las comisiones a los inquilinos. Desde las agrupaciones que defienden a estos últimos pusieron el grito en el cielo y ya presentaron un recurso de amparo. Una nueva decisión que volvería a golpear el bolsillo de los inquilinos.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones emitió un fallo el miércoles 10 de abril que pone en peligro la Ley 5859 para que la comisión no la pague el inquilino. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad debe definir, pero hasta que eso ocurra, la ley mantiene su vigencia. ¿Qué pasa si la ley se modifica?

“La Ley 5.859 fue una de las principales demandas de los inquilinos en los últimos años. Tras una larga campaña, se logró su aprobación por unanimidad en agosto de 2017. Se trata de una legislación que brinda un gran alivio al millón de inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. Establece que, al momento de firmar o renovar un contrato de alquiler, la inmobiliaria sólo puede percibir comisión del propietario de la vivienda y no del inquilino, reduciendo significativamente los gastos bienales que deben afrontar quienes alquilan y poniendo esa carga en cabeza de los locadores, quienes contratan el servicio de la inmobiliaria”, explicó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.

La aprobación de esta ley se dio, en parte, porque las inmobiliarias violaban la ley anterior y en vez de cobrar un mes de comisión al inquilino, cobraban dos, lo que hacía que para ingresar a un inmueble el primer mes sean necesarios -por ejemplo, para un dos ambientes en Caballito, hasta $45 mil .Además, entre el costo mensual del alquiler más las expensas y la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, la luz y el gas, se destina la mitad de un sueldo promedio de $35.000

“Su argumento era que el Código Civil y Comercial las habilitaba a fijar libremente sus honorarios. En 2016, desde Inquilinos Agrupados impulsamos una acción de amparo y la Justicia nos dio la razón: confirmaron que las inmobiliarias debían respetar la ley local. Las inmobiliarias apelaron hasta el Tribunal Superior de Justicia y en cada una de las instancias, la Justicia se pronunció a favor nuestro. Estableciendo, claramente, que la Legislatura porteña tenía competencia para legislar el cobro de comisiones y obligó a las inmobiliarias a cobrar un solo mes de comisión”, explicó Muñoz.

Con la Ley 5.859 aprobada, las inmobiliarias recurrieron a la Justicia con el mismo argumento que había fracasado en la causa anterior. En primera instancia, el juez desestimó su acción de amparo. Sin embargo, apelaron y contra todo pronóstico, lograron que la Cámara les diera la razón y declarara inconstitucional la Ley 5.859. “La votación fue 2 a 1 y uno de los votos favorables para las inmobiliarias fue emitido por el juez Esteban Centanaro, titular de la firma CENT SA, dueña de inmuebles que se destinan al alquiler. Un conflicto de intereses evidente, protagonizado por un juez que debería haberse recusado y no lo hizo. Que prefirió ser juez y parte y votar a favor de sus negocios personales”, denunció Muñoz.

Ahora, los inquilinos apelaron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y están a la espera de su resolución. “Para ser coherente, el máximo tribunal porteño debería inclinarse por la posición de los inquilinos y confirmar la vigencia de la Ley 5.859. Consideremos que ya rechazó el argumento de las inmobiliarias en la anterior causa judicial y que la enorme mayoría de la Justicia porteña se pronunció en ese sentido. Mientras tanto, y para alivio de muchos, la Ley 5.859 sigue vigente”.

Ahora, si bien la decisión de este juez puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los inquilinos y un nuevo golpe al bolsillo, hay que dejar claro por ahora que está prohibido que las inmobiliarias les cobren comisión a los inquilinos. Son los propietarios quienes deben hacerse cargo de esos gastos.

Desde el Colegio Profesional Inmobiliario, que preside Armando Pepe, argumentaron que por la práctica de la norma los alquileres de vivienda subieron en CABA un 38% su valor (por sobre el 27% de aumento que éstos tuvieron en la provincia de Buenos Aires), y “limitó ilegítimamente el derecho de los Profesionales Inmobiliarios a cobrar la remuneración correspondiente por los servicios que legal y legítimamente brindan a los inquilinos”, sostuvieron desde Cucicba.

Lo cierto es que otra vez las consecuencias las pagarán los inquilinos. Es que ante este nuevo escenario deberán afrontar alquileres más caros, y de modificarse la ley, volverán a hacerse cargo del gasto de las comisiones, un desembolso inicial en el contrato locativo que no muchos están en condiciones de enfrentar.

En su fallo, la Cámara expresa con claridad que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que el inquilino tiene carácter de “comitente” y, por tanto, le corresponde el pago de honorarios al corredor que interviene en la operación.

Asimismo, la cámara rescata que las partes ya poseen facultades para convenir el monto de una comisión de corretaje, con lo cual la Legislatura porteña no tiene facultades para modificar en contrario cuestiones normadas por el Código Civil y Comercial de la Nación”, concluyeron desde Cucicba.