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Reaparece Lorenzetti en acto con familia judicial
Ricardo Lorenzetti
Las presencias que ocuparán lugares hoy en el cuarto piso de la calle Talcahuano ofrecerán un interesante cuadro comparativo respecto del año pasado: confirmaron asistencia tanto la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, como la defensora general, Stella Maris Martínez, ausentes en 2013 cuando ambas se encontraban al frente de la corriente Justicia Legítima y entendieron como necesario un estilo de rebeldía que con el paso de los meses fue menguando. Algo que podría quedar en evidencia hoy por la mañana.
El discurso de Lorenzetti fue consensuado con todos sus pares. En los últimos acuerdos se impuso la idea de ofrecer una visión amplia de la realidad y no un speech que sólo tuviera eco en los tribunales, por eso el hincapié en la noción de Estado de derecho, más extensa y, obviamente, más flexible para pronunciarse sobre distintos temas. El eje del discurso ya tuvo una ocasión preliminar: fue en el mes de noviembre, en un almuerzo ante empresarios donde el otro concepto fuerte fue el de las reglas claras como vehículo hacia el desarrollo. Argumento seductor para una concurrencia que venía mal predispuesta por el fallo de la ley de medios.
Esta serie de ideas resulta innovadora respecto de los conceptos que Lorenzetti suele detallar cuando habla de Estado de derecho. En el discurso de apertura del año judicial de 2012 lo hizo desde la óptica de la necesidad de poner límites a los poderes (públicos y privados) y de lograr mejores prácticas sociales con el objetivo de combatir la discriminación.
Será clave, como nunca antes, escuchar las palabras del justice respecto de los juicios y el nivel de litigiosidad que, en su visión, suele devenir en un funcionamiento defectuoso del Poder Judicial. Gran parte de la concurrencia sigue muy de cerca el plan del Gobierno para desarrollar un código de procedimientos en el fuero Contencioso Administrativo federal que limite la posibilidad de litigar contra el Estado.
La Corte llegará al acto de hoy con distintos asuntos de tinte político, el más reciente, la reforma del Código Penal que coordinó Eugenio Zaffaroni. El trabajo del ministro más cercano al Gobierno ha cosechado distintos comentarios en la vocalías de la Corte, aunque la percepción mayoritaria señala que el Código es un debate accesorio si antes no se implementan políticas de Estado en materia de seguridad. Visión que quedó plasmada a fines de 2013 en un duro informe que el máximo tribunal dio a conocer a partir de reportes inquietantes de los jueces norteños.
Otra cuestión inminente es la situación presupuestaria del Poder Judicial luego que la Corte decidió no financiar más al Consejo de la Magistratura, organismo a cargo del pago de los sueldos de los jueces. Ayer el juez Alejandro Sánchez Freytes, titular del Consejo, mantuvo una serie de encuentros con la idea de ofrecer distintas opciones a Jorge Capitanich para que el Tesoro financiase el Consejo. La semana que viene tendrá lugar una reunión decisiva.


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