Rebelión en Acuerdos del Senado

Dante Dovena

El titular de la Comisión de Acuerdos del Senado, Marcelo Guinle (Frente para la Victoria), no consiguió las firmas para el dictamen que avala la designación de Dante Dovena como nuevo embajador en Uruguay. Ante el fracaso, el chubutense Guinle -con luz verde del jefe del bloque, Miguel Pichetto- suspendió la reunión de Acuerdos prevista para tratar el asunto. La maniobra evitó también que la oposición cite a la ministra de Defensa para que aclare la política de ascensos de uniformados. Los radicales y el peronismo disidente resisten la figura de Dovena, asesor histórico del matrimonio Kirchner, que fue diputado nacional de la provincia de Santa Cruz, director de la Casa de Santa Cruz y director de Papel Prensa. Cuestionan la idoneidad para el cargo diplomático pues está bajo sumario administrativo ordenado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que investiga su desempeño cuando representaba al Estado en el directorio de Papel Prensa entre 2003 y 2005. Senadores radicales, entre ellos Gerardo Morales, presidente del bloque partidario; y del Peronismo Federal: Sonia Escudero, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Verna, dijeron que el sumario de la CNV podría derivar en una causa judicial. La CNV observó irregularidades en el funcionamiento del directorio de la empresa por no haber adoptado resolución ni confeccionado acta alguna de las deliberaciones del órgano colegiado.

La polémica del Senado con el Ejecutivo incluyó a los pliegos de ascenso de militares.

El doble estándar en la calificación donde la simpatía y afinidad política con el Gobierno parece regular el mérito para el ascenso salió a la luz con el pliego del brigadier Raúl Acosta, actual subjefe de la Fuerza Aérea, elevado a consideración del Senado sólo con la opinión de la ministra. El titular del arma, brigadier general Normando Costantino no tuvo ingerencia ni participó en la postulación de su segundo al mando.

El malhumor de la oposición arrancó el 30 de junio pasado luego de la aprobación de los ascensos en la Fuerza Aérea, entre ellos el del brigadier Jorge Díscoli, comandante de Material, que fue promocionado a brigadier mayor. Pasaron tres meses de la sanción del proyecto sin que la Presidencia promulgue y publique la norma legal en el Boletín Oficial. Ocurre que si Díscoli recibe sus jinetas antes que el favorito Acosta, éste debería renunciar al cargo de subjefe de la Fuerza Aérea y pasar a retiro al ser sobrepasado en jerarquía.

Los senadores exigieron a la ministra Nilda Garré que aclare por nota las presuntas denuncias por mal trato y acoso sexual que habría cometido Acosta -aspira a ser brigadier mayor- contra personal civil del hospital Aeronáutico. La respuesta (oficio MD Nº 24543/10) firmada por la ministra y girada el 2 de septiembre dice que: «No se han hallado antecedentes sobre denuncias que hayan afectado al brigadier Raúl Acosta por parte de personal de los gremios ATE y/o UPCN, Pecifa Fuerza Aérea». En ese expediente de Defensa aparece un dato que generó dudas, se informa que no hubo registro de documentos en la mesa de entradas de la Dirección de Derechos Humanos en el período comprendido entre el 13 de noviembre y el 28 de diciembre de 2009 por fallas en el sistema. Los senadores sospechan de esa anomalía, sucedió justo en el lapso en que se habrían dado a conocer las presuntas denuncias. Otro punto cuestionado es la responsabilidad de Acosta en las órdenes que recibió el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, brigadier Rodolfo Centurión de privar de la libertad e interrogar a personal aeronáutico luego de conocerse el robo de armas en la guarnición militar de Aeroparque.

También quieren respuestas del ministerio de por qué se separó de la lista a doce oficiales del Ejército y de la Armada, propuestos para el grado de coronel y capitán de navío. Llegó a conocimiento de la Comisión que habrían sido relegados por «portación de apellido»; son parientes (hijos, sobrinos, etc.) de ex militares imputados en procesos por violaciones a los derechos humanos. Los postergados no tienen causas en la Justicia ni antecedentes de delitos aberrantes contra las personas, según informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el trámite de selección.