Rebelión en España contra aborto

Madrid - La nueva ley del aborto libre en España entró ayer en vigor, pero se encontró con la rebelión de dos comunidades autónomas, Navarra y Murcia, gobernadas por la oposición conservadora, cuyos Gobiernos afirmaron que no aplicarán la norma, muy cuestionada por la Iglesia Católica.

El presidente de la región de Murcia (sur), Ramón Luis Valcárcel, remarcó que «no hay razones para acatar» la ley, puesto que la norma «todavía no está en su punto final», dado que se debe expedir el Tribunal Constitucional. A su vez el vocero del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, afirmó que el procedimiento de abortos en esa comunidad del norte de España «va a seguir siendo el mismo» que rige desde 1985, es decir, en supuestos de afectación física o psíquica de la madre, y que permitió interrumpir 1,3 millones de embarazos.

De acuerdo con la nueva norma interrumpir el embarazo voluntariamente deja de ser un delito despenalizado y se establece el derecho al aborto libre hasta la semana 14, incluidos en casos de embarazos de adolescente de 16 años sin consentimiento de los padres, y hasta la semana 22 en casos de riesgo de vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

El conservador Partido Popular (PP, de Mariano Rajoy) presentó un recurso ante el TC contra ocho de los artículos por entender que el «aborto libre» es contrario al derecho a la vida, garantizado por el artículo 15 de la Constitución.

Asimismo, asociaciones de médicos y discapacitados presentaron ayer un recurso de amparo ante el TC, con el argumento de que la nueva legislación establece una diferencia «jurídicamente insostenible» sobre lo que es un feto sano y otro enfermo o inferior. En la ley, «no hay ninguna preocupación ni por la mujer ni por la vida gestante. Hay una única preocupación, que es el lucro económico de las clínicas, que han sido quienes han movido esta ley», dijo el presidente del Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), Javier María Pérez Roldán, tras registrar el recurso de amparo. Ante esa reacción, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que los recursos interpuestos contra la ley no crean ninguna «inseguridad jurídica», y se mostró convencido de que la constitucionalidad de la norma.

Agencia EFE