contratos públicos, un nuevo escándalo de corrupción que se suma a los últimos casos del gobernante Partido Popular (PP) y el opositor Partido Socialista Obrero (PSOE).
La operación, bautizada "Enredadera" y realizada bajo una fuerte expectativa mediática, perseguía una presunta "organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos", informó la guardia civil en un comunicado.
Durante horas los agentes registraron locales de administraciones públicas, empresas y domicilios en trece provincias, principalmente en Andalucía, en el sur del país, pero también en Madrid, Barcelona, Valencia y en el archipiélago de las Canarias.
"Hasta el momento se detuvieron a 32 personas", un tercio de ellas en la ciudad andaluza de Sevilla, declaró un porta-
voz de la Unidad Central Operativa, precisando que la investigación, dirigida por la jueza de instrucción Mercedes Alaya, seguía abierta.
Entre los detenidos figuran tres cargos de administraciones locales y numerosos funcionarios, así como empleados de varias empresas. Algunos fueron puestos en libertad tras prestar declaración.
La operación "Enredadera" surgió a raíz de otra investigación, dirigida por Alaya, que destapó "un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta 2007 director del área de vía pública" del ayuntamiento de Sevilla, explicó la guardia civil.
La investigación condujo a varias empresas dudosas, entre ellas una, Fito-
novo, "contratista habitual de numerosas administraciones públicas", que "había creado una infraestructura destinada
a obtener contratos públicos irregulares".
Alaya, una de las juezas más famosas de España, instruye varios casos de corrupción de gran repercusión mediática en el país por el alto número de funcionarios y políticos implicados. Gran parte están relacionados con el Partido Socialista (PSOE), que gobierna en Andalucía y es la principal formación de la oposición a nivel nacional.
A finales de octubre, otra megaoperación, denominada "Operación Púnica", había sorprendido a España con la detención de medio centenar de personas, acusadas de conceder obras públicas por 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, entre ellas seis exalcaldes madrileños tanto del PSOE como del gobernante PP.
En este contexto, numerosos cargos públicos dimitieron, algo inimaginable hasta hace poco en España. Y el presidente del Gobierno, el conservador Mariano Rajoy, anunció que defenderá el 27 de noviembre ante el Parlamento medidas de su administración contra la corrupción.
| Agencias AFP y DPA |
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