Reforma judicial avanzó con retoques y sin la oposición

Instancia única antes del dictamen: Julio Alak, ministro de Justicia; Julián Álvarez, secretario de Justicia, y el senador Marcelo Fuentes en la explicación de los cambios al Consejo que ayer avanzaron en el Senado.

El kirchnerismo avanzó ayer en el Senado con los dos primeros proyectos de la reforma judicial: en tiempo récord emitió el dictamen de la reforma al Consejo de la Magistratura por la que los consejeros que representen a jueces y abogados deberán pasar por las urnas, y el de creación de nuevos tribunales de Casación para los fueros Civil y Comercial, Laboral y Previsional y Contencioso Administrativo. Fue una reunión que duró unas dos horas y media y que seguirá hoy con otro plenario de comisiones donde también se dictaminará la regulación del otorgamiento de las medidas cautelares contra el Estado. Hubo cambios al proyecto sobre reformas en la Magistratura, pedidos por el propio oficialismo y para corregir ausencias que ponen en peligro la ley frente a la lupa de los jueces una vez que esté sancionada.

La reunión de todas formas, estuvo marcada por el conflicto con todos los bloques de oposición que decidieron no entrar a la reunión de comisiones, tal como lo habían anunciado por la mañana. Tampoco estarán en la reunión de hoy donde se debatirá la regulación de las cautelares y seguirán el mismo camino en los plenarios de comisión de Diputados. "El Gobierno rompió todas las reglas de convivencia", dijo el radical Ernesto Sanz en la conferencia. La bronca opositora se centró en la negativa del kirchnerismo a aceptar un debate amplio con participación de especialistas.

En ese momento el socialista Rubén Giustiniani sostuvo: "Existe un grave error del Gobierno nacional", mientras el cordobés Luis Juez exigía la presencia del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Julio Alak, ministro de Justicia y Julián Álvarez, secretario de Justicia. fueron los encargados de explicar ayer los proyectos antes el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda. Sin la oposición, el debate de los dos proyectos dictaminados se limitó a menos de dos horas y media.

Las únicas excepciones fueron las del senador de Probafe Samuel Cabanchik, aliado habitual del kirchnerismo, y la de la federal Sonia Escudero, quienes propusieron sin éxito algunos cambios en el articulado.

Los cambios que se permitieron en el proyecto que establece la elección por el voto popular de los consejeros de la Magistratura que representan a jueces y abogados entraron casi a último momento y por pedido de la propia Casa Rosada.

El encargado fue Alejandro Tullio, director nacional electoral y hombre encargado del pulido fino de ese tipo de temas. Tullio llegó corriendo al Senado para controlar la redacción final de los cambios. La misión era corregir uno de los puntos más débiles de ese proyecto: la falta de un procedimiento para la elección popular de consejeros que se esta creando. La otra debilidad no parece aún reparable: la Justicia seguramente atacará la participación en listas electorales de los jueces cuando la actividad política les está vedada. Esa incompatibilidad fue consagrada por una acordada de la Corte Suprema del 17 de diciembre de 1952, es decir durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón donde se modificó el articulo 11, inciso 5 del reglamento para la Justicia.

En la modificación de ayer se incorporó, entonces, un artículo bis detrás del 4 del dictamen original por el que se estableció que para elegir a los consejeros de la magistratura representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal, las elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con la presidencial.

También se aclaró que no existe posibilidad de crear agrupaciones ad hoc para la presentación de listas de candidatos al Consejo de la Magistratura: sólo podrán presentarse listas propuestas por partidos políticos nacionales que postulen candidatos a presidente.

El segundo cambio es una curiosidad, entendiendo que se trata de una reforma judicial. Dentro del capítulo electoral se incorporó la reglamentación para la elección de los parlamentarios del Mercosur, una institución que tiene demorada la mayor parte de los países miembros.

Ayer se incluyó que las precandidaturas a consejeros de la Magistratura y a parlamentarios del Mercosur deberán estar avaladas por el 0,5 por mil del total de los inscriptos en el padrón general, la mitad que para presidente.