Reforma a la Corte: oficialismo busca que se traten menos casos

Juan Carlos Maqueda

La relación del Gobierno con la Corte Suprema de Justicia atraviesa nuevamente un escenario de tensión por la determinación del kirchnerismo a presentar un plan de reforma del máximo tribunal. El viernes pasado desde Balcarce 50 se le habría transmitido a los justices que la idea del oficialismo no es sólo una reforma numérica sino un proyecto que encierre cambios cualitativos y que implique un debate sobre la naturaleza cortesana.

El proyecto de reforma implica una nueva escalada que deja atrás el entendimiento que el oficialismo logró en ciertos despachos de Comodoro Py. En plena ebullición por el caso Nisman, Lorenzetti no tuvo el rol de antagonista, que vuelve a recuperar por estas horas y que en el oficialismo duro se refuerza por la especulación de que el justice además de haber logrado las firmas de la oposición en el Senado para no admitir candidatos a la Corte, en la última semana habría influido para que los esquivos 2/3 del Senado que precisa Roberto Carlés, no provengan del peronismo opositor.

En las veladas de Olivos ha resurgido la percepción de una sintonía subterránea entre el titular de la Corte y el candidato Sergio Massa. Un vínculo que se pone en práctica según los datos de los encuestadores; cuando el segundo se desdibuja en los sondeos, el llamado "partido judicial" aparece a dominar la escena.

Mientras espera por el ocaso de la incursión de Carlés al Senado, el oficialismo termina de definir si efectivamente propone la modificación de la Ley 48 (una de las primeras) en cuyo artículo 14 se establece la naturaleza de los recursos extraordinarios que llegan a la Corte. La materialización de esa intención sería acotar el margen de acción del tribunal. Al mismo tiempo resurgen proyectos para reformar las finanzas de la Corte cuya tasa de Justicia el kirchnerismo pretende que pase a la recaudación de la Magistratura.

Con estos cambios cualitativos, el kirchnerismo aspira a instalar un debate más estructural, que supere la táctica política relacionada con el número de integrantes y la coyuntura. Presentar la discusión sólo por la cantidad de asientos implica un acercamiento vertiginoso a modelos de Justicia vapuleados a nivel técnico, como es el caso de Venezuela.

Se descuenta que será un desafío discursivo que luego de haber reducido la Corte a cinco asientos en la administración de Néstor Kirchner, ahora el número se vuelva a incrementar. Por eso, el dato histórico de que sólo los gobiernos militares tendieron a reducir el número de jueces de la Corte deberá quedar para otra ocasión.

El rasgo central del nuevo conflicto no es el fin sino el mientras tanto y esto tiene que ver con la posibilidad de también afectar el sistema de subrogancias de la Corte, para darle prioridad a los conjueces del Senado por sobre los presidentes de la cámaras federales. Todas estas variaciones sólo precisan de la mayoría simple del Congreso, esa misma mayoría que en su último discurso Elena Highton de Nolasco les recordó a aquellos jueces que dictan la inconstitucionalidad de las normas.

El oficialismo seguirá buscando probables candidatos para el máximo tribunal. Las directivas, en rasgos generales, no han cambiado: debe tener en lo posible menos de 45 años y perfil académico. Ahora se incorpora como requerimiento cierta experiencia en cuestiones de derecho público. Sucede que en sus contactos con Highton de Nolasco, Carlos Zannini ha detectado que de los jueces que firmaron el fallo "Exequatur" (que invalida el efecto local de sentencias de los tribunales de Nueva York) sólo quedan dos en funciones: Maqueda y la vicepresidenta de la Corte (los otros dos votos provinieron de Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay). Ese mismo criterio está a sólo un voto de ofrecer, a futuro, modificaciones, y de ahí la necesidad de un candidato que consolide la línea actual repecto del entuerto con los holdouts.

Historia circular: la eco-nomía vuelve a demostrar su centralidad en los antecedentes recientes repecto de la composición cortesana. Así como la integración de 2003 y 2004 se rigió por la necesidad de sostener la pesificación de los depósitos bancarios, ahora el condicionante económico aparece por la cruzada contra los tenedores de bonos.