Relevan a otro funcionario de Aduanas

La decisión del titular de la AFIP, Alberto Abad, recayó sobre Pablo Allievi, subdirector general de Control Aduanero. Con su alejamiento, el Gobierno ratifica el descabezamiento de la cúpula del organismo como consecuencia de una denuncia anónima.

Juan José Gómez Centurión

 Mientras continúa su curso una causa judicial controvertida, el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, suspendió ayer al subdirector general de Control Aduanero, Pablo Allievi, ante la denuncia que llegó al Ministerio de Seguridad por supuesta corrupción vinculada con hechos de contrabando. Por las sospechas, el Gobierno ya había separado preventivamente de su cargo al jefe de la Aduana, el excarapintada Juan José Gómez Centurión, quien finalmente fue imputado por el fiscal federal Guillermo Marijuan por un presunto pedido de coimas a empresarios para autorizar la importación de contenedores. La de Allievi es la tercera baja en la cúpula aduanera a raíz de una denuncia anónima impulsada por Patricia Bullrich y atribuida por los involucrados a una operación de inteligencia.

Marijuan sugirió una decena de posibles diligencias y el juez federal Ariel Lijo -como informó Ámbito Financiero- ordenó la primera: que el Buenos Aires Design entregara los registros de sus cámaras de seguridad, puesto que -según la denuncia- el estacionamiento de ese shopping de Recoleta habría sido escenario de un supuesto pago de sobornos. La Disposición 292/2016 de la AFIP publicada este martes en el Boletín Oficial -con fecha del 22 de agosto- establece que la suspensión será efectiva "hasta tanto se diluciden los hechos que resultan objeto de investigación en sede judicial".

Según explicó la AFIP, Allievi fue apartado ya que se encuentra mencionado en la denuncia presentada días atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presuntos "delitos de acción pública" cometidos en la Aduana. Este lunes, el fiscal Marijuan elevó al juez Lijo un requerimiento para impulsar la investigación, sin aludir a un delito en particular, contra Gómez Centurión y Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias "Cuqui", exdueño de la compañía de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack, quien aparece en algunas escuchas telefónicas acompañadas en la causa.

El empresario apuntó, por su parte, contra la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, al señalar que les hizo una "cama": "Me editaron y me sacaron de contexto. Me pusieron micrófonos en mi casa de San Isidro, violaron mi domicilio, fue una rata de AFI", dijo Barreiro Laborda.

Tras ser desplazado del cargo, Gómez Centurión se presentó en los tribunales de Comodoro Py a través de sus abogados, Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofre, para ponerse a disposición; el primero representa al Presidente en algunas causas, mientras que Wortman Jofre es abogado del Grupo Clarín. Gómez Centurión dijo que cree que quienes lo "perjudicaron" son personas vinculadas con el exdirector de Operaciones de la SIDE Antonio "Jaime" Stiuso. Se defendió al asegurar que no había cometido irregularidad alguna y que varias de sus medidas habían perjudicado canales aduaneros privilegiados.