Remedios: decide un juez si cita a declarar a Moyano

El juez federal Claudio Bonadío indagará a directivos de la Obra Social de Camioneros (Oschoca), que preside Hugo Moyano, y de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo del Ministerio de Salud con un presupuesto anual de 1.000 millones que en los últimos años quedó bajo el control del líder de la CGT. Las indagatorias se concretarán en una causa en la que se investiga un presunto fraude a la administración pública a partir del cobro supuestamente irregular de reintegros de la APE por parte de la obra social. El juez no ha decidido si citará al propio Moyano, que preside la obra social, o a alguno de los funcionarios. Hoy le tocará presentarse ante el juez al dueño de la principal proveedora de drogas complejas para el sindicato de choferes.

Aunque todavía no trascendió el nombre de los citados, los llamados inminentes forman parte del expediente: el magistrado comprobó a través de una pericia que Oschoca presentó troqueles adulterados para el cobro de reintegros por la provisión de una droga oncológica, Erbitux, a seis afiliados del gremio.

«El tribunal entiende que nos encontramos ante la comisión de un delito de acción pública», por lo cual citará a «indagatoria a todos los que intervinieron en dichas operaciones», tanto de la obra social, como de la APE y de Droguería Urbana, la principal proveedora de medicamentos complejos del gremio de los camioneros, según consta en la causa.

La ronda comenzará hoy con Marcos Hendler, dueño de Urbana. El empresario debía presentarse el martes pasado ante Bonadío, pero en la misma fecha tenía cita para ser indagado por Norberto Oyarbide, el otro juez federal que investiga la denominada «mafia de los medicamentos». Bonadío accedió a postergar hasta hoy esa indagatoria, que se concretará a partir de las 10 en los tribunales federales de Comodoro Py.

Este diario pudo saber que Hendler presentará ante Bonadío argumentos similares a los que le expuso a Oyarbide. Dirá que en 2008 su droguería pasó a ser la principal proveedora de Camioneros en cuanto a remedios de alto costo, y que desde entonces instauró un sistema de trazabilidad para establecer el tránsito de los remedios desde su origen hasta el destino final.

Una de las razones para las indagatorias de Hendler fue la desgrabación de una presunta conversación telefónica entre el empresario y Alexia Bergalli, directiva de Del Plata, otra droguería. En esa charla -que Hendler admitió haber mantenido durante su indagatoria ante Oyarbide- el dueño de Urbana le pide a su colega para reponer 19 troqueles de Erbitux que, según la escucha, «se perdieron en Camioneros».

Tanto Urbana como la obra social y la APE fueron allanadas en numerosas ocasiones por Bonadío y por Oyarbide. En esos procedimientos los magistrados secuestraron documentación ligada a los tratamientos más complejos, así como troqueles de medicamentos y remitos. Hendler alegará que en ninguno de los procedimientos los jueces secuestraron drogas vencidas, apócrifas o adulteradas.

Entre los investigadores dudan que Moyano figure entre los primeros a ser indagados en la causa de Bonadío, pero estiman que tarde o temprano deberá presentarse ante el magistrado en condición de imputado, como presidente de Oschoca. La misma previsión le cabe a Liliana Zulet, esposa del camionero, por su rol central en la empresa Iarai, que gerencia una porción de la obra social de los choferes.