Resignado, Gobierno depende más de Cobos

El Gobierno, en otro paso de minué en el conflicto por el Banco Central, finalmente deberá recurrir a Julio Cobos para regularizar el trámite de desplazamiento de Martín Redrado. No sólo Cristina de Kirchner suspendió su gira a China por desconfianza hacia el vicepresidente, sino que aceptó recibir el consejo de los legisladores, como impone la Carta Orgánica del Banco Central, para poder echar a Redrado. Pero ése no es el único sacrificio que deberá hacer el Gobierno y que engorda a la oposición, que ya considera un triunfo la convocatoria al trámite parlamentario.

Además, el Gobierno debe enviar una carta a Cobos para que convoque a la comisión bicameral, que en la práctica integrarán sólo los dos representantes de Diputados (ver nota aparte) ya que el Senado ni siquiera cuenta con un borrador sobre las posibles autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía, que deberían sumarse, y está en receso. Pero la presencia de Cobos allí es imprescindible, no sólo porque le compete presidir la bicameral, sino porque no habría quórum si no son tres, sobre cinco, los integrantes de la bicameral que redacten su opinión una vez que interroguen en persona a Redrado.

Al Gobierno no le preocupa ese dictamen porque no es vinculante, sino que ahora el vicepresidente active los mecanismos que destraben el conflicto.

La nota no la firmaría Cristina de Kirchner, sino el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y está previsto que llegue mañana a manos de Cobos, o al menos a su despacho. De esa manera, a pesar de la queja en masa del oficialismo que ayer salió a pedir la renuncia del vicepresidente, Cobos será otra vez, como ocurrió con la Resolución 125 de aumento de las retenciones a la soja, quien dirima la cuestión. No porque importe su opinión especialmente en ese sentido, con respecto a la permanencia o no de Redrado, sino para que acelere el funcionamiento de la bicameral y finalmente Cristina de Kirchner pueda seguir nombrando al titular del Central como el «ex presidente del Banco» y considerar que así ganó la pulseada.

El conflicto, que además está judicializado, una vez resuelto como indican las normas -el DNU pasaría a la historia, aunque debería ser derogado, pero se ha vuelto ya una cuestión abstracta-, le permitirá al Gobierno utilizar el otro decreto, es decir, hacer uso de las reservas para conformar el Fondo del Bicentenario destinado a la cancelación de deuda.

Ayer, Aníbal Fernández explicó que la Presidente requiere el «consejo» de la comisión especial, el cual «es una valoración política que no es vinculante».

Dijo además que al firmar los DNU, «lo que la Presidenta quiso hacer, en el marco de la necesidad de expresarse hacia el mercado de la mejor manera, es tomar la decisión en el momento en que la tiene que tomar» y que «salió mal porque hay jueces que se meten en donde no se tienen que meter. La judicialización de la política les hace muchísimo daño a nuestro país y a los mercados».

«No tuvimos más remedio que pedirle al presidente de Diputados (Eduardo Fellner) que resolviera lo más pronto posible el tema de las presidencias de las comisiones porque ya las tienen constituidas», admitió el funcionario.