Reto por demora en antilavado

Atentos al discurso presidencial en bandeja cerca del podio, Julio Alak, Florencio Randazzo, Esteban Righi, Julio De Vido, Aníbal Fernández, Lino Barañao, Enrique Meyer, Ricardo Lorenzetti, Julián Domínguez, Juan Carlos Maqueda y, entre otros, Oscar Parrilli.

Parecía que Cristina de Kirchner nuevamente iba a terminar su mensaje ante la Asamblea Legislativa sin anunciar el envío de algún proyecto de ley. Hasta que se escuchó un pedido a los gritos entre las bancas: «una ley que limite la venta de tierras a extranjeros». La Presidente frenó lo que parecía el comienzo de la despedida: «¿Cómo se llama ese diputado?», y entonces el radical Daniel Katz le aclaró la memoria: «Es Pablo Orsolini», alguien a quien Cristina de Kirchner debe conocer por haberle complicado la existencia como dirigente de la Federación Agraria durante la crisis por la Resolución 125. Fue entonces cuando le pidió a la barra kirchnerista que la dejaran escuchar el pedido.

«Vamos a enviar dos leyes muy importantes. Me hizo acordar el que gritó de la banca», arrancó Cristina de Kirchner, la ley de propiedad de la tierra en la República Argentina y otro de extranjerización.

«Es un modelo que también está llevando a cabo Brasil, hay modelos a mirar, no vamos a inventar nada nuevo, es simplemente dar un instrumento que asegure los recursos, que van a ser vitales para el siglo XXI», explicó, «por eso, tiene que ser una norma inteligente y cuidada, ni xenofóbica, ni chauvinista (chauvinista dije, no chavista) para que nadie se confunda», bromeó.

En Diputados existe un largo listado de proyectos sobre tenencia de la tierra y extranjerización con firma de todos los partidos y hasta hubo plenario de comisiones el año pasado para dictaminar sobre esa idea, que impulsa la Federación Agraria, de ahí la solicitud de ayer de Orsolini.

Tras ese pedido, Cristina de Kirchner apuró una lista de proyectos que prometió enviar al Congreso. Media hora antes le había pedido al recinto que votaran la reforma penal para incorporar la tipificación del lavado de dinero como delito autónomo culpando al Congreso por la demora en debatir ese proyecto. Les pidió una acción más efectiva al legislativo y a la jurisprudencia, es decir a la Justicia, echándoles la culpa por una posible multa que el GAFI pudiera aplicarle al país por las deficiencias en el combate al lavado de dinero.

Así, insistió al final con la necesidad de sancionar las leyes penal tributaria y antilavado de activos.

«La ley antilavado que nos exige el GAFI es importante que sea sancionada por este Parlamento. El Poder Ejecutivo ha hecho todos los esfuerzos, y sería bueno que el Poder Legislativo pueda tener una actuación más activa en materia de lavado que la que ha tenido hasta ahora, porque si no es probable que la Argentina sea condenada por el GAFI», dijo con una media sonrisa.

A esos pedidos le sumó, en un intento por convencer que dará algún protagonismo al Congreso este año, el tratamiento de la ley de software, la de empleadas de casas particulares y el estatuto del peón rural.

También insistió ante un pedido de la Coalición Cívica desde las bancas: «Hay que legislar contra el trabajo esclavo que se registra en algunos sector productivos, en especial entre los peones del campo... hablemos también de la trata de personas y del sometimiento a la servidumbre... hablemos también de esa ley que descansa acá y que es la ley del peón rural..., porque en los días que corren hemos visto gravísimas situaciones de trabajadores sometidos a la servidumbre», dijo.

Pero en ningún tema puso tanta presión como en el pedido para que se sancione una nueva ley de adopción: «Es fundamental que el Parlamento trate una nueva ley de adopción. No podemos seguir teniendo esta ley» y cerró: «Lo analizamos hace una semana con el doctor Ricardo Lorenzetti y la doctora Helena Highton de Nolasco en un encuentro por la puesta en marcha de la comisión de unificación de la legislación civil. Pero este tema no puede esperar. Necesitamos de una herramienta para que las familias desesperadas por tener un hijo no realicen maniobras ilegales porque no pueden acceder al derecho de la maternidad o la paternidad».

Anoche los jefes de bloque ya habían comenzado a hablar sobre un cronograma de debates para esos proyectos con la promesa de intentar al menos una reunión cada tres o cuatro semanas.