S. Juan: maratón en Legislatura

Sergio Uñac

San Juan- La Legislatura de San Juan sancionó ayer, en su última sesión ordinaria, una batería de proyectos entre los que se destacaron el Presupuesto 2014, la creación del Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM), la Ley Impositiva para el año fiscal entrante, y el que establece acciones concretas en la lucha contra la trata de personas, además de la asistencia y apoyo a las víctimas de la explotación y abuso sexual.

La denominada Ley de Leyes, presentada el 19 de este mes en la Legislatura por el ministro de Hacienda, Francisco Alcoba; por el director de Presupuesto de la provincia, Juan Puleri, y por el director de Rentas, Adrián Villegas, impone un incremento del 31,97% en los Gastos Corrientes. En números, se traduce a un total de $ 13.518.636.000.

En tanto, los Recursos Corrientes alcanzarán los $ 12.047.110.000; los gastos de Capital, $ 1.087.243.000; y las Fuentes Financieras, $ 384.283.000.

Las transferencias de capital que realizará la gestión de Sergio Uñac estarán direccionadas fuertemente a la inversión en obras, por ejemplo, las destinadas al Instituto Provincial de la Vivienda, por $ 468.281.000; para iniciativas como el Programa Federal de Construcción de Viviendas, por $ 322.275.000; y el Programa Federal de Emergencia Habitacional, por $ 96.750.000.

Otro de los proyectos debatido intensamente en los últimos días -también sancionado ayer- fue que establece el RUPEM, que impone cláusulas para mantener en pie la mano de obra local y la provisión de materiales e insumos dentro del mismo distrito, tras los anuncios del gigante canadiense Barrick Gold de desacelerar el desarrollo del proyecto binacional Pascua Lama.

La iniciativa en cuestión obligará a las empresas mineras a que el 75% del monto total anual de sus facturaciones en obras, bienes e insumos sean contratados con proveedores locales inscriptos en el RUPEN. El otro punto a destacar que contiene el texto es que el 80% de los trabajadores contratados deberá tener domicilio real -de como mínimo un año- en San Juan, según explicó a Ámbito Nacional el diputado y titular del bloque justicialista en la Legislatura, Pablo García Nieto.

En el seno del debate en comisión se realizaron algunas modificaciones. Una de las más importantes fue la que propone un límite a lo que cobren los proveedores mineros. "Lo hacemos para que la ley no se preste a abusos y para no desalentar inversiones", destacaron los legisladores.

Por de pronto, la prioridad la tendrá el proveedor sanjuanino, aunque si la diferencia excede un 10% del bien que se está por comprar en relación con otro oferente externo al RUPEM-, la compañía minera quedará exceptuada de la obligación que impone la ley y podrá contratar a desee y considere que le conviene. En ese caso, la operación no se computará dentro del 75% exigido, aunque en el resto de su facturación deberá cumplir con esa meta mínima.