Sanciones a golpistas afectan a los más pobres en Honduras

Tegucigalpa - Los hondureños pobres están pasando hambre y no pueden conseguir remedios para sus hijos enfermos debido a la decisión de los donantes internacionales de suspender su ayuda tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya.

Comedores populares han comenzado a cerrar, los remedios escasean y médicos extranjeros han cancelado sus viajes al país, al tiempo que el financiamiento a los pequeños negocios se ha suspendido, aumentando el desempleo.

El golpe del 28 de junio llevó a bancos de asistencia internacional, a la Unión Europea y al presidente de Venezuela, Hugo Chávez -un aliado de Zelaya-, a congelar programas de ayuda, justo en medio de la crisis económica global.

Honduras depende de unos 1.000 millones de dólares al año en préstamos internacionales, ayuda humanitaria y combustible subsidiado de Venezuela para cubrir cerca del 20% de su presupuesto.

Estados Unidos aún provee ayuda humanitaria, pero la Unión Europea suspendió unos 97 millones de dólares y el Banco Mundial detuvo 270 millones de dólares en préstamos en julio. El Banco Interamericano de Desarrollo retuvo unos 50 millones de dólares.

La ministra de Finanzas de Zelaya, Rebeca Santos, dice que cerca de 450 millones de dólares en créditos y asistencia están congelados.

«No hay medicamentos para los parásitos en el estómago de mi niñito, no hay antibióticos, el doctor ni siquiera tiene jeringas», dijo Marlyn Cerrato mientras llevaba a su hijo de siete años a una clínica pública en un barrio pobre de Tegucigalpa, plagado de pandillas.

El financiamiento europeo de la clínica se redujo y los estantes de medicamentos se han vaciado. Los médicos dicen que no pueden detener el contagio de dengue y gripe A H1N1.

Cerca de la mitad de los 7 millones de hondureños vive con menos de 2 dólares al día y Naciones Unidas afirma que la crisis política está afectando significativamente a los 3,5 millones de niños del país.

El Gobierno de facto de Roberto Micheletti, que asumió el poder tras la salida de Zelaya, niega que haya golpeado la suspensión de la ayuda extranjera y dice que sólo proyectos educativos han sido afectados.

Santos dijo desde Ciudad de México que el impacto era inevitable, ya que cerca del 70% del dinero para programas sociales llega del extranjero.

Decenas de comedores populares que daban comidas diarias han cerrado en los barrios más pobres de Tegucigalpa, áreas de chozas de madera y chapas sin drenajes apropiados y donde las pandillas controlan el territorio.

«Niños malnutridos han empezado a venir buscando comida y hacemos nuestro mayor esfuerzo para alimentarlos», dijo Lucila García, una cocinera en uno de los pocos comedores que siguen abiertos y que se financia con fondos franceses transferidos antes del golpe.

García, quien apoya a Zelaya, está de acuerdo con las sanciones, pero dice que mantendrá abierto su comedor organizando rifas para reunir dinero. «Estamos sufriendo, pero es nuestro sacrificio por Mel (como se le llama a Zelaya)», afirmó.

Pocos esperan que la ayuda retorne rápidamente incluso si las elecciones presidenciales del 29 de noviembre resuelven la crisis política, pues muchos entes locales no han podido convencer a sus donantes foráneos de que envíen más fondos para 2010.

«Hay tanto miedo en el país ahora y la gente no está saliendo a gastar que no puedo repagar mi micropréstamo y eso va a afectar a otros», dijo Orfa Ortiz, una peluquera cuyo negocio está financiado con ayuda de España y Noruega.

Agencia Reuters