Esta semana, otras 120 horas de paro. Ya suman 37 días sin clases. La gobernadora pidió a diputados nacionales ayuda en gestiones.
Reclamo. Los manifestantes bloquearon el acceso a la Casa de Gobierno para exigir el pago de sueldos atrasados en los distintos niveles de empleo estatal y en jubilaciones.
La mandataria santacruceña Alicia Kirchner (Frente para la Victoria) pasó otro mal momento ayer al quedar nuevamente encerrada durante varias horas en la Casa de Gobierno por una protesta de maestros, padres y jubilados que bloqueó los accesos a la sede oficial, en Río Gallegos.
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Los manifestantes comenzaron a agolparse frente al edificio cuando trascendió el encuentro que por la mañana mantuvo la exministra de Desarrollo Social con legisladores nacionales de Cambiemos -también del oficialismo-, a quienes citó para plantearle los números del asfixiado distrito y pedir que intercedan ante la Casa Rosada en las gestiones para destrabar fondos.
En paralelo, en el interior quedaron cuatro madres -integrantes de la agrupación Padres Unidos- y dos chicos, que exigieron ante un funcionario provincial un punto final a un conflicto por el cual se perdieron ya 37 días de clase.
El episodio se sumó a la tensa protesta del 3 de abril que mantuvo de rehén a la mandataria durante 9 horas en la Casa de Gobierno, y a la concentración con incidentes del 21 de abril, que asedió en la residencia oficial a la mandataria y a la expresidente Cristina Kirchner, junto a su nieta Helena.
Por de pronto, a la cumbre de ayer con la gobernadora asistieron, por el frente opositor Unión para Vivir Mejor, los diputados radicales Alfredo Martínez y Héctor Roquel, mientras que no fue de la partida el también legislador radical y excandidato a gobernador Eduardo Costa, por esas horas en Buenos Aires para apurar obras.
"La gobernadora nos convocó para plantearnos los problemas de la provincia para acceder a créditos que otras consiguieron", dijo Martínez, quien remarcó que Nación está dispuesta a ayudar a Santa Cruz "en la medida que haya reciprocidad por parte de la provincia" al reclamo de reducción gradual del déficit, que este año escalará a uno $5.700 millones.
En ese sentido, el Gobierno decidió en las últimas horas ampliar de $300 a $400 millones el anticipo mensual de coparticipación, lo que le permitiría a la provincia descomprimir parte de la asfixia financiera.
Los legisladores opositores se retiraron del edificio, aunque quedaron adentro -por el asedio de la protesta- la mandataria, el vicegobernador Pablo González, y los legisladores nacionales del FpV Mauricio Gómez Bull, Virginia García y María Ester Labado.
El escenario es delicado: frente a las demoras en el pago de salarios y la falta de recomposición de sueldo este año, ayer arrancó otra semana de huelgas en un distrito con la educación y las prestaciones de salud y justicia virtualmente paralizadas. El calendario incluye otras 120 horas de paro de los maestros por cuarta semana consecutiva -no les completaron aún los sueldos de marzo-, por lo que no arrancó aún el ciclo lectivo.
Por eso anoche se iniciaba una nueva reunión de la asamblea pública -integrada por jubilados, padres, docentes, estatales y estudiantes- en pos de definir nuevas medidas de protesta en pos de una normalización del distrito sureño.
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