Está acusada del presunto delito de lavado de dinero a través de los contratos con la empresa de recolección de residuos durante su gestión como intendenta de Resistencia, Chaco.
Aída Ayala
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, negó el pedido de eximición de prisión a la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala en la causa en la que se investiga a la legisladora en la presunción de que lideraba una banda dedicada al lavado de dinero.
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Por requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini, la magistrada chaqueña dispuso el pedido de detención y solicitó el desafuero de la legisladora de Cambiemos, que el miércoles tuvo su primer tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La exintendente de Resistencia es imputada de "haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios".
La mirada de la Justicia está puesta en la empresa Pimp S.A., encargada de la recolección de residuos, caso en el que el actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, prestó declaración testimonial ante la jueza Niremperger, donde, dijo, aportó pruebas de las "condiciones más ventajosas para el municipio" con que Pimp S.A. que fue contratada por Ayala hasta el año 2022.
En relación con esta causa están detenidos el empresario Pedro Martínez, su hija Natalia Martínez Guarino, el gremialista Jacinto Sampayo, Rolando Javier Acuña y Luis Escobar, aunque la mujer bajo el régimen de prisión domiciliaria por haber sido madre en fecha reciente.
Ante la comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada Ayala pidió a sus pares que "rechacen" por "ilegal y sin motivos" el pedido de desafuero en su contra, que se definirá en el próximo encuentro del cuerpo, por ahora sin fecha.
"Vengo a pedir que se analice (el pedido de desafuero) y el objetivo es que se rechace porque es ilegal y no hay motivos", subrayó la legisladora, quien busca competir por la Gobernación en 2019.
Diputados oficialistas solicitaron más información y tiempo para estudiar el requerimiento, en tanto que la oposición lo consideró una maniobra "dilatoria" y acusó al oficialismo de tener una "doble vara" en el tratamiento del caso Ayala en relación al del ex ministro de Planificación Julio De Vido, desaforado el año pasado.
El presidente de la comisión, Pablo Tonelli (PRO), afirmó que el cuerpo volverá a reunirse "en pocos días" para emitir dictamen sobre el pedido de desafuero, aunque no dio certezas sobre la fecha.
"Mi único pecado fue haber ganado las elecciones de 2017", advirtió la diputada, que concurrió a la reunión junto a su abogada Olga Mongelós.
Volvió a apuntar contra el actual intendente de Resistencia, Capitanich, y recalcó que su gestión sigue con la misma empresa de recolección de residuos por la que ella fue denunciada.
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