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Se impone el kirchnerismo en la reforma de la selección de jueces
Luis Cabral
Luis Cabral: En realidad, existe un solo caso en el que hay pruebas concretas de un intento de fraude. Durante el concurso para ocupar una vacante en el Tribunal Oral de Paraná, se encontró un concursante que tenía temas del examen al que se estaba presentando. Esto dio lugar a una denuncia penal mía, que derivó en la citación indagatoria del juez Alberto Pravia y en el dictado de los procesamientos de Hernán Tuppo (el concursante) y Pravia, como supuestos autor y partícipe necesario, respectivamente, en el delito de violación de secretos públicos. Por su parte, el Consejo abrió un sumario para analizar la conducta del juez Pravia, y se le ha dado traslado para que realice su descargo sobre la situación, que deberá responder antes del 10 de junio. Este proceso puede desencadenar una eventual sanción disciplinaria o un jury, si se resuelve que incumplió sus deberes como jurado.
P.: ¿Y los otros concursos denunciados en diferentes medios?
L.C.: Respecto de los otros casos, hay una sola denuncia penal que está investigando la jueza María Servini de Cubría sobre el concurso para los cargos en el fuero Criminal y Correccional Federal, y se abrió una investigación en el Consejo.
P.: ¿Piensa que estos hechos están relacionados con la forma en que se realizan los concursos?
L.C.: Creo que no hay sistema que pueda no ser vulnerado por la decisión delictiva o antijurídica de distintas personas. Éste ha sido un caso de corrupción. No dependió del reglamento, ni afecta la transparencia de tantos concursos, ni el comportamiento digno y ajustado a la ley de la inmensa de la mayoría de los jurados que han intervenido en otros concursos.
P.: Sin embargo, está a punto de aprobarse una serie de modificaciones en el reglamento para la selección de magistrados. ¿Cómo se explican estos cambios?
L.C.: Hemos querido mejorar algunos aspectos de los concursos, para dar mayores garantías de transparencia en la evaluación de la idoneidad técnica de las personas que se postulan. Por eso, dividimos la prueba de oposición en dos partes: una escrita y anónima con un puntaje de entre 70 y 80 puntos, que todavía estamos definiendo, y una entrevista personal en audiencia pública del jurado con los postulantes. Pero se mantiene la entrevista del postulante con los consejeros, en lo que hace al perfil más general del candidato para un cargo específico.
P.: ¿Hay algún otro cambio?
L.C.: También estamos discutiendo algunos aspectos sobre la forma de calificar y valorar antecedentes, especialmente respecto de la experticia y la formación jurídica del postulante.
P.: Muchos de estos puntos forman parte del proyecto que impulsaba desde el año pasado la consejera Diana Conti y que generó bastante polémica, ya que una de las propuestas era que los concursos no fueran anónimos.
L.C.: La doctora Conti ha impulsado buena parte de estas reformas, y hemos encontrado acuerdo en muchas de ellas, pero ha quedado establecido que hay una parte escrita y anónima. En el proyecto final de ella tenía más peso la entrevista oral, que ha quedado más acotada. Esta instancia tiene el objetivo de ser una certificación efectiva de los conocimientos del candidato en sus aspectos técnicos.

