10 de marzo 2009 - 00:28

Se negó Menem a declarar en otras dos causas

Carlos Menem
Carlos Menem
Carlos Menem se negó ayer a declarar y presentó descargos por escrito en las causas por el presunto encubrimiento de pistas en la investigación del atentado a la AMIA, a cargo del juez Ariel Lijo, y por la supuesta venta fraudulenta del terreno de La Rural a la Sociedad Rural Argentina, que indaga el magistrado Sergio Torres.
En el caso de la causa por presuntas irregularidades en la investigación sobre la explosión de la mutual judía en julio de 1994, el fiscal Alberto Nissman ya anunció que pediría el procesamiento del ex presidente por su supuesta responsabilidad en la obstaculización de la denominada «pista siria», que apunta a la presunta vinculación del ciudadano sirio-argentino Alberto Kannore Edul con el atentado. El fiscal afirmó que el escrito del ex mandatario «no aborda ninguna cuestión» relativa a los cargos que se le imputan y que estaba «plagado de generalidades».
Según la hipótesis que maneja Nissman, Kannore Edul habría concurrido a la Casa de Gobierno, cuando Menem era presidente, aparentemente en busca de protección, cuando se comenzó a vincular a su empresa con el atentado en el que murieron 85 personas, el 18 de julio de 1994. En el escrito que presentó ayer, Menem reconoció que sus padres -también de origen sirio- conocían a la familia de Kannore Edul, pero éste no le había pedido «absolutamente nada».
En el juzgado, sin embargo, señalaron que no avanzarían sobre el procesamiento hasta que no terminaran las indagatorias (esta semana) y se definiera un pedido de prescripción de la causa presentado por Munir Menem, también imputado en la investigación. Hoy debe presentarse a declarar el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, mientras que el miércoles lo hará el segundo de la central de Inteligencia, Juan Carlos Anchezar, y el jueves, el comisario retirado Carlos Castañeda.
Una actitud similar adoptó Menem en la causa referida a supuestas irregularidades en la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural en una suma supuestamente cercana a los 100 millones de dólares por debajo de su valor. El ex presidente advirtió que no puede ser juzgado por actos propios de su investidura y reclamó a la Justicia el sobreseimiento por considerar que no existen elementos probatorios en su contra.

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