Se reabre lista por vacante en Corte porteña

Aníbal Ibarra

La renuncia de la fiscal Daniela Ugolini como candidata de Mauricio Macri a la Corte porteña, destrabó el trámite para iniciar un nuevo procedimiento para cubrir la vacante que el año pasado dejó Julio Maier al retirarse del cargo. Ahora Macri anuló por decreto el procedimiento para la selección de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la semana pasada derogó la norma que había impuesto el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra en 2003. Macri se fundó en un resolución judicial tras el conflicto de poderes que se había desatado por el trámite de nombramiento de Ugolini, aunque finalmente la candidata no tuvo votos suficientes para que su pliego fuera considerado por la Legislatura porteña.

La derogación del decreto de Ibarra le permite a Macri eludir el plazo máximo de 60 días para proponer un reemplazante, como también la publicación de los antecedentes y declaración jurada del postulante debe ser propuesto por el jefe de Gobierno. De todos modos, tal como impone la Constitución y las normas porteñas los candidatos deben pasar por la Comisión de Ética de la Legislatura y contar con la aprobación del cuerpo para obtener el cargo, que es vitalicio.

Los nombres que por ahora maneja el macrismo son el del jurista de la Universidad de San Andrés Martín Bohmer, el juez porteño Carlos Balbín del fuero Contencioso Administrativo y Tributario y con menos chances el abogado Alejandro Carrió quien podría ser impugnado por ser actualmente el defensor de Macri dentro de los letrados del estudio que intervienen en la causa escuchas.

En esta oportunidad el Gobierno porteño no acotaría la propuesta a un solo postulante, sino que enviaría varios posibles y también invitando a la oposición que formule su propuesta, según explicó el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

Por otra parte, la derogación del decreto de Ibarra también influye para la designación de fiscales generales y defensores generales y asesor general tutelar.

Desde la bancada Proyecto Sur, los legisladores Jorge Selser, Julio Raffo y Rafael Gentili, explicaron que la norma derogada que estaba en sintonía con el mecanismo para nombramiento de jueces de la Corte de la Nación, «establecía una etapa previa a la remisión de la propuesta a la Legislatura para que los particulares y las organizaciones pudieran presentar observaciones relativas a los antecedentes del candidato, como complemento de la audiencia pública fijada por ley». Para los diputados de la oposición al PRO «la decisión del Ejecutivo porteño está claramente orientada hacia la supresión de todo límite normativo a la discrecionalidad, posibilitando en un futuro inmediato el ejercicio liso y llano de la arbitrariedad».