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Se reabrió en el Congreso el debate por la expropiación del Siqueiros
A pesar del interés de la presidente Kirchner -que ha elegido el mural de los desnudos femeninos como imagen estelar de la celebración del Bicentenario-, el proyecto de ley de expropiación, ya aprobado en Diputados en 2007 y encauzado en el Senado, perdió estado parlamentario. Y nadie acierta a explicar por qué. Hoy el Estado vuelve a reclamar la titularidad del mural, y la ronda comenzó, nuevamente, desde el principio.
Si el proyecto avanza, el día que el mural forme parte del patrimonio argentino se justificará la inversión de dinero en un museo temático. El proyecto para la Aduana Taylor costará alrededor de 84 millones de pesos. No es poco dinero, y si bien Carlos Slim, Carlos Pedro Blaquier, Techint y la Embajada de México en el país se hicieron cargo de los gastos de traslado y restauración, el nuevo emprendimiento correrá por cuenta del Estado. Sin embargo, el proyecto se puede derrumbar como un castillo de naipes si no se expropia el mural.
El gobierno firmó ante la Justicia un convenio de préstamo y exhibición de la obra que expira en diciembre del año próximo. Luego de esa fecha, difícilmente la obra permanezca en el futuro Museo. Hay planes que no coinciden con los del gobierno. El proyecto de la firma Dencanor -frustrado durante años por un juicio de venta simulada que trabó el mural durante 17 años en una inhóspita playa de grúas de San Justo-, fue y continúa siendo llevar el mural de gira por el mundo.
Desde 2003 el mural es un «Bien de interés histórico artístico nacional», pero estas palabras se redujeron a meras expresiones vacías durante los años que estuvo fragmentado en cuatro containers. En 2007, a instancias de Álvaro Castagnino, hijo del artista, los diputados Alberto Edgardo Balestrini, Jorge Coscia, Luis Cigogna y Luis Alberto Galvalisi presentaron un proyecto de ley para declarar de «Utilidad pública y sujeto a expropiación al mural». Luego, el diputado Fernando Sánchez presentó otro proyecto con el mismo objetivo.
La Cámara Baja aprobó ambos expedientes en 2007 y la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió un dictamen favorable, hasta que inexplicablemente perdió estado parlamentario, como si la cuestión no importara lo suficiente.
En el nuevo Proyecto se reclama al Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina: «Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación (el mural) a los fines de la indemnización correspondiente. El valor del bien determinado será fijado conforme a las estipulaciones de la ley 21.499, sobre el Régimen de expropiaciones, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o las oficinas técnicas competentes que se designaran, pudiendo solicitarse la apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas o privadas. El Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá las partidas necesarias para el pago de la indemnización».


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