Senado frenó ascensos militares por general clave para Garré

Última sesión del año en el Senado sin calma. Gerardo Morales, Miguel Pichetto y Nicolás Fernández negociaron ascensos a jueces y militares hasta último momento; volvió Carlos Menem tras larga licencia por enfermedad. Julio Cobos y José Pampuro, pacíficos, se alternaron en la presidencia.

Lo que debió ser la última sesión del año en el Senado terminó en medio de una puja entre el Gobierno y el radicalismo, que bloqueó el acuerdo para los ascensos de los 330 militares que estaban en tratamiento. En la misma sesión se aprobó una resolución en rechazo» a los hechos de violencia en Villa Soldati (presentada por Samuel Cabanchik), se votaron la prórroga del impuesto adicional sobre el precio de cigarrillos, los ascensos diplomáticos pendientes (con una sola excepción), incluido el acuerdo a Aldo Ferrer como nuevo embajador en Francia, a pesar de que el Peronismo Federal, con Carlos Verna a la cabeza, lo cuestionó por su participación en el directorio de Enarsa (y por su pasado de funcionario de los gobiernos de Roberto Levingston y Alejandro Lanusse) y la promoción de 11 jueces, postergando sólo uno de esos casos.

El paquete de 330 pliegos de militares que quedaron pendientes pasó ahora a una hipotética sesión el 22 de diciembre, pero ahora sin apoyo de la oposición, por lo que el kirchnerismo deberá hacerse cargo del quórum.

La pelea en el recinto se desató por el ascenso del general César Milani, jefe de Inteligencia y nuevo secretario general del Ejército en el esquema que armó Nilda Garré antes de dejar el Ministerio de Defensa.

El pliego de Milani no había sido puesto a consideración en la sesión por los cuestionamientos de la oposición por su participación en el alzamiento «carapintada» de Semana Santa en 1987.

Pero las instrucciones que Miguel Pichetto había recibido de la Casa Rosada eran que sin el pliego de Milani no se podía habilitar el resto de los ascensos.

«No vamos a votar ningún pliego si no votamos el de Milani, que va a ser uno de los conductores del Ejército», dijo Pichetto en el recinto.

La UCR y el Peronismo Federal se negaron y hasta Gerardo Morales llegó a ofrecerle al oficialismo primero que se aprobara el resto de los ascensos y ante la negativa, aunque más no fuera las promociones de la Fuerza Aérea y la Armada sobre las que no existían conflictos. Pero ninguna negociación fue posible, y el kirchnerismo forzó, no dando los dos tercios necesarios para el tratamiento, que todos los pliegos militares pasaran para la semana próxima. El Gobierno, así, evitó el rechazo en el recinto a un militar clave en la nueva estructura del Ejército.

La oposición también trabó el ascenso a camarista de la jueza laboral Gloria Pasten, que el martes había ordenado suspender la asunción de Pablo Micheli como nuevo secretario general de la CTA. Pero a pesar de que el Peronismo Federal quiso bloquear toda la lista de ascensos de jueces laborales por negarse a convalidar magistrados apadrinados por Hugo Moyano, el radicalismo finalmente vetó a Pasten, pero permitió que se aprobaran los pliegos de Diana Cañal, Graciela Craig (esposa de Héctor Recalde), Enrique Arias Gibert o Enrique Ricardo Brandolino, entre otros.

Obstáculo

El obstáculo para el nombramiento como camarista de Pasten se atribuyó a gestiones febriles del sector de Micheli con legisladores de la oposición. De hecho, en el acto que el dirigente estatal organizó el martes frente al Ministerio de Trabajo estuvieron presentes Ricardo Alfonsín, Fernando Pino Solanas, Margarita Stolbizer y Rubén Giustiniani.

En la CTA atribuyeron el fallo judicial de Pasten -que le ordenó a la Junta Electoral de la central alterna «abstenerse» de concretar la toma de atribuciones por parte de Micheli- a una presunta cercanía con la CGT. En el sector del estatal destacaron la pertenencia de Pasten a la Fundación de Altos Estudios Sociales (FAES), que preside el camarista Juan Carlos Fernández Madrid, y que según el ala de la CTA actúa en línea con la central mayoritaria.

Por último, el Senado aprobó la prórroga al impuesto sobre el precio final de los cigarrillos por 47 votos a favor y 7 en contra y, a pesar de la resistencia de parte de la oposición, continuará siendo destinado en su totalidad a la ANSES. El cuestionamiento a esa asignación específica había sido planteado por Verna en la última sesión del Senado alegando que en la votación de Diputados la prórroga había reunido 125 votos positivos, en lugar de los 129 que exige la Constitución Nacional para la creación de impuestos con asignación específica.

El kirchnerismo afirmó que, al tratarse de una prórroga, no se necesitaba mayoría calificada para que el gravamen siguiera siendo destinado a la ANSES. Verna propuso votar en general la prórroga, pero eliminar el artículo 2, que fijaba el carácter específico del impuesto y advirtió que si ese apartado se aprobaba por mayoría simple, los gobernadores podían recurrir a la Justicia.