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Senado: traspasan 27 delitos sobre funcionarios a la Capital
La peronista federal Sonia Escudero, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, debatió junto al ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, y al senador kirchnerista Daniel Filmus el traspaso de competencias.
La presencia del ministro de Seguridad y Justicia del PRO, Guillermo Montenegro, ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, sufrió la ausencia de funcionarios kirchneristas, como su par a nivel nacional, Julio Alak, quien pese a haber sido convocado faltó a la cita en el Congreso.
El proyecto debatido en la comisión que comanda la salteña Sonia Escudero (Peronismo Federal) quedó listo para ser convertido en dictamen y contó con el aval de la oposición y de las asociaciones de magistrados de la Ciudad.
Pero más allá del consenso sobre la transferencia de competencias, para juzgar delitos que recaen en su mayoría sobre funcionarios públicos volvió a existir una laguna política en cuanto al traspaso de fondos para materializar esas nuevas atribuciones de la Justicia, porteña para juzgar delitos que, hasta antes de este proyecto, eran exclusivos de los juzgados nacionales. El antecedente más inmediato fue la polémica entre Macri y Kirchner por la creación de la Policía Metropolitana, promesa PRO de campaña que nunca contó con el envío de fondos de la Nación.
Recursos
En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, el proyecto establece también que la cesión de facultades se haga con los recursos necesarios, lo que abre una discusión entre la Nación y la Ciudad por el monto a transferir. Tanto que el texto original de Pichetto y Filmus establece genéricamente que los fondos se transferirán «sin reservas», propuesta que ayer generó la intervención de Escudero quien propuso incluir en el futuro dictamen que el traspaso se realice a través de un convenio. «Sólo así, en caso de que la Nación nunca envíe los fondos, la Ciudad de Buenos Aires estará en condiciones de reclamar el dinero por la vía judicial», explicaron desde el despacho de la senadora del peronismo disidente.
Según el proyecto se transfieren alrededor de 27 delitos, entre los que sobresalen aquellos cometidos por funcionarios públicos o de la administración porteña. También se incluyen delitos complementarios de transferencias anteriores, como los de lesiones, duelo, abuso de armas, violación de domicilio, incendio, actos discriminatorios y delitos en el deporte.
Finalmente se mencionan actos tipificados en el Código Penal como atentado y resistencia contra la autoridad, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, prevaricato y falsificación de documentos, entre otros.
«A partir de la sanción de esta Ley, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires pasará a investigar 30 mil causas de las 15 mil que tiene actualmente. Espero que los recursos para hacer frente a esos números no salgan del dinero que debe transferirse a las provincias», expresó la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado.
Acuerdos
Al respecto, el ministro Montenegro adelantó que «habría que hacer acuerdos con la Nación para establecer el monto del dinero del traspaso de las competencias» y recordó que «este proyecto elimina ese conflicto porque no hay duda de que este traspaso debe ser con recursos». No hubo efectiva realización de partidas presupuestarias que acompañaron a los dos convenios previos. «La discusión que estamos dando con el Gobierno nacional lamentablemente está en la Justicia», resaltó el funcionario porteño.


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