Senadores piden a Garré explique los ascensos militares

Nilda Garré

El primer desafío a la hegemonía de Néstor y Cristina Kirchner en el Congreso surgió en la Comisión de Acuerdos del Senado. Los legisladores objetaron la decisión del Ejecutivo de separar a más de una veintena de uniformados del Ejército y de la Armada de los pliegos de ascenso a coroneles y capitanes de navío. La semana pasada la comisión que preside el senador chubutense Marcelo Guinle dio acuerdo a 279 militares que ascenderán de grado en las tres Fuerzas Armadas. Pero citó a una reunión especial -esta semana- a la ministra de Defensa, Nilda Garré, para que explique las razones que motivaron la exclusión de 14 oficiales del Ejército y de 6 marinos quienes originalmente figuraban en las listas que el teniente general Luis Pozzi, jefe del Ejército, y el almirante Jorge Godoy, titular de la Armada, enviaron a consideración de la presidente. La ministra hizo saber al Senado que se prestará a la consulta; conocedores de las mañas para eludir temas incómodos, los senadores ofrecieron acudir a su despacho y facilitar el contacto antes del cierre de las sesiones ordinarias que se producirá el 10 de diciembre.

Esos militares se graduaron en su mayoría en 1982, habían sido seleccionados por las Juntas de Calificación de sus fuerzas y cumplían con todos los requisitos de la reglamentación castrense para alcanzar el grado inmediato superior. Pasaron el tamiz de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Eduardo Luis Duhalde, no se hallaron antecedentes que los vinculen con causas por violaciones a los derechos humanos o contra el orden constitucional, según refieren las notas de elevación a la presidencia a las que tuvo acceso este diario. La edad y la etapa de ejercicio en la carrera militar -a partir del Gobierno de Raúl Alfonsín- los exime de plano del ethos del setenta que caracteriza a la administración Kirchner.

La senadora salteña Sonia Escudero (PJ) hizo punta y adhirieron al reclamo de interrogar a Garré, Adolfo Rodríguez Saá, el sanjuanino César Gioja y Alfredo Martínez, (UCR, Santa Cruz). Los senadores tenían información base de casi medio centenar de testimonios de particulares a favor de la promoción de los oficiales, entre ellos el de la fundación Argentina Ciudadana, que preside el rabino Sergio Bergman. Un hecho poco habitual si no el primero que registran las deliberaciones de esta comisión, acostumbrada en cambio a recibir impugnaciones de organismos como el CELS, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El debate se concentró en uno de los ejes del escrito de Bergman acerca de los peligros que encierra la discriminación.

Parentescos

En el trámite de ascenso del año pasado, la circunstancia de «portación de apellido» o parentesco familiar con ex militares que prestaron servicio en cuarteles sindicados por la Justicia como parte del esquema que combatió la guerrilla fue el factor que los excluyó de las listas de promoción. Los seis capitanes de fragata que fueron nuevamente postergados este año venían de arrastre del año anterior. Hasta el senador José Pampuro, cuya fidelidad al kirchnerismo nadie pondría en duda, se animó a criticar a la ministra de Defensa. Relató que él había pedido explicaciones sobre un caso y nunca recibió respuesta de Garré. Claro, se desvió la hoguera del conflicto hacia el edificio Libertador cuando en realidad la flama se encendió en la Casa Rosada, en oficinas del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Allí se tacharon los 20 nombres de los pliegos que elevaron los jefes militares. Apellidos de tradición verde oliva entre otros: Calvi, Irigoyen, Artigas, Catáneo, Dalla Fontana, Ledesma y de marinos; Barbich, Pizzagalli, Sciurano, Lucena, etc., no pasaron la vara política de la sospecha con que se mide a hijos, parientes y simples homónimos de aquéllos. ¿Existen dossiers paralelos en el ministerio sobre apellidos de los seleccionados para ascenso y su vinculación familiar con ex militares imputados, procesados o sospechados de haber participado en la lucha contra la guerrilla?, es el interrogante que se plantean los excluidos del Ejército y la Marina.

Conflicto judicial

La antesala de un conflicto judicial por discriminación y arbitrariedad que se encamina contra la ministra Garré quien activó el blindaje de la asesoría jurídica del ministerio. El abogado Esteban Rosa Alves, responsable del área echó mano a un salvavidas que se tornará de plomo. Acredita la facultad discrecional de la jefa castrense (PEN) en jurisprudencia de la Corte Suprema, dice en esencia: «No es impugnable judicialmente la no inclusión en el pliego de los ascensos propuestos al Senado de determinado personal superior que se creía con el derecho de ser ascendido». El fallo 276:19 fue dictado el 18 de febrero de 1970, en plena dictadura militar, la denominada Revolución Argentina del teniente general Juan Carlos Onganía.