13 de julio 2010 - 00:00

Servini, homenajeada por investigación de asesinato de militar chileno en Bs. As.

María Servini de Cubría
María Servini de Cubría
El ex presidente chileno Ricardo Lagos afirmó ayer que había «una orden para fusilar» al general Carlos Prats por parte de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que cumplieron militares trasandinos en Buenos Aires en 1974, en donde pudo refugiarse «gracias a un pequeño núcleo del ejército que lo ayudó». «Conocí a Prats en el exilio al que llegó por ser leal a la Constitución y a la ley de su patria, gracias a un pequeño núcleo del ejército que lo ayudó a escapar. Lo hizo en helicóptero hasta el paso fronterizo de Las Cuevas», recordó en un acto de homenaje al ex jefe del ejército al que asistieron las tres hijas del matrimonio Prats-Cuthbert.

Lagos señaló, en el acto del que también participaron los ex presidentes democristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei-Tagle, que el crimen de ambos cónyuges el 30 de setiembre de 1974 fue perpetrado con una bomba colocada en el automóvil de Prats, que fue llevado por tierra por su chofer.

«En el camino (el chofer) fue interceptado el 15 de setiembre por efectivos de la Fuerza Aérea en Colina y de nuevo al llegar a San Felipe. Tenían orden de fusilarlo», aseguró.

Lagos opinó que la sentencia de la Corte Suprema que condenó a 20 años de cárcel a la cúpula de la DINA, la policía política de la dictadura, por el asesinato de Prats y Sofía Cuthbert, marca «un antes y un después en la forma en que el Poder Judicial entiende que tenemos que ser capaces de mirar lo que acaeció en Chile».

«Es una expresión de un país donde cada una de sus instituciones se atrevió a mirar al pasado», dijo, e incluyó al ejército y a los comandantes que sucedieron a Pinochet.

Subrayó que el general Ricardo Izurieta aceptó crear una mesa de diálogo en 1999 para aclarar los casos de detenidos desaparecidos; que el general Juan Emilio Cheyre comprometió, en 2003, que «nunca más» se involucraría al arma en violaciones a los derechos humanos y el 30 de setiembre de 2004 encabezó un funeral con honores para Prats.

En 2009, el general Oscar Izurieta «dio el nombre de Prats al regimiento San Bernardo y ahora el general Juan Miguel Fuente-Alba habló fuerte y claro para repudiar el cobarde asesinato de Prats», resumió Lagos.

Durante el acto se demandó también que se aclare la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, en enero de 1982, aparentemente envenenado por la DINA.

«Hace 28 años el ex presidente Frei se sumó a la larga lista de las víctimas de la crueldad con que actuó la dictadura, ciertamente al igual como lo hicieron ustedes (los Prats) esperamos confiados que pronto sabremos la verdad y sus asesinos recibirán castigo», dijo Frei Ruiz-Tagle.

Álvaro Varela, abogado de la familia Frei, informó que «ya está listo y sólo falta la firma» de la sentencia en el caso del químico y ex agente de la DINA Eugenio Berríos (asesinado en Montevideo), vinculado a la muerte de Frei Montalva.

Por el caso permanecen en libertad provisional en Chile, pero con prohibición de abandonar el país, los militares uruguayos Tomas Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, sindicados de ayudar al secuestro a Berríos antes que apareciera su cadáver en una playa de Montevideo.

Fallo justo

La hija mayor del matrimonio asesinado en Buenos Aires, Sofía Prats, pidió «un fallo justo y oportuno» en el caso Frei Montalva y en «los procesos de derechos humanos pendientes».

Por su parte, Frei advirtió al presidente derechista Sebastián Piñera que la opositora Concertación por la Democracia «no aceptará que se utilice la fiesta del bicentenario (de la independencia) para indultar a violadores a los derechos humanos».

Aludía así a una iniciativa de indulto que la Iglesia Católica chilena presentará el viernes y que Piñera puede o no sancionar. Finalmente, Sofía Prats agradeció a la jueza argentina María Servini de Cubría «por la decisión de cumplir la misión de hacer justicia».

«Espero, señor embajador, que usted le transmita nuestro agradecimiento», dijo dirigiéndose a Ginés González García, representante argentino en Chile.

El diplomático recordó que cuando la jueza Servini vino a Chile para interrogatorios del caso Prats «fue muy maltratada».

«La agredieron, le tiraron huevos y, sin embargo, siguió con todo énfasis y ordenó los interrogatorios.

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