Siderar, otro capítulo en pelea Rocca-Kirchner

Paolo Rocca

¿Cómo hacer para mantener en la nómina salarial a 2.300 obreros cuya tarea es a) construir un alto horno que no se construirá y b) trabajar en ese mismo alto horno que no se hará? La pregunta es la que desvela por estas horas a los más altos ejecutivos del Grupo Techint, ante la intervención del Ministerio de Trabajo para evitar el despido de esos operarios, anunciado por el holding que capitanea Paolo Rocca, y que iban a trabajar en la ampliación de su controlada Siderar.
La respuesta no será fácil de encontrar: obviamente, la peor consecuencia de avanzar con esas desvinculaciones será la ira del Gobierno de los Kirchner, de la que Techint ha sido víctima en el pasado reciente. Está claro que hoy los 2.300 trabajadores son peones en la partida de ajedrez que juegan Rocca y Néstor Kirchner, y en la que hasta ahora el empresario lleva la peor parte.
Se dice que el fin del idilio de Kirchner con Techint se produjo en una reunión celebrada en el despacho del entonces presidente de la Nación: allí Kirchner le habría pedido a Rocca que su grupo participara en licitaciones para hacer obras públicas; el empresario le habría respondido que la «pata constructora» del grupo estaba casi desactivada y que sus negocios principales pasaban por los aceros planos y los tubos. La respuesta, lejos de satisfacer a Kirchner -que necesitaba un grupo como Techint para convalidar los ahora cuestionados procesos licitatorios-, lo encolerizó y desde entonces ya nada fue lo mismo: primero fue la expropiación de Sidor por el régimen del «amigo» Hugo Chávez (que aún no pagó un peso, bolívar o dólar por la siderúrgica); después fueron las imputaciones a su controlada TGN por los sobreprecios del «affaire» Skanska, que no fueron aceptados por TGN, y finalmente la intervención sobre TGN por haber incumplido con su deuda. Como se ve, nada más lejos de una situación armónica.
Por ahora, el Gobierno se limitó a dictar una conciliación obligatoria entre Techint y las empresas contratadas para la ampliación del alto horno Evita de la planta que fue de la estatal SOMISA, en Ramallo. El trámite tiene una duración de dos semanas (diez días hábiles) a partir del viernes pasado, y la empresa advirtió que «se encuentra evaluando los alcances y efectos de la resolución del Ministerio de Trabajo».
Los montos involucrados, en un momento negro para la actividad en todo el mundo, no son menores: la ampliación del Evita iba a costar unos u$s 150 millones, una cifra que hoy Techint (y ninguna otra acerera del planeta) no está en condiciones de desembolsar. La pregunta del inicio entonces es la que habrá que resolver: ¿qué hacer con 2.300 obreros de la construcción que se quedarán sin asunto, y cómo sobrevivirán los contratistas a los que se les encargaron las obras? Por ahora, es sólo una incógnita, que de todos modos no parece excusa suficiente para que el Gobierno decida tomar alguna medida drástica contra la compañía. Sobre todo porque la inmensa mayoría de esos 2.300 obreros no pertenece al personal de Techint.