Siemens: pesquisa abre ahora sospechas sobre funcionarios

El Departamento de Justicia y la Securities Exchange Comission (SEC) estadounidenses anunciaron ayer que iniciaron una causa penal contra nueve exdirectivos de Siemens supuestamente involucrados en el presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos para obtener y mantener en pie el contrato de digitalización de los DNI argentinos. Si bien esta licitación fue aprobada en 1998 durante el Gobierno de Carlos Menem y suspendida en 2001 en la presidencia de Fernando de la Rúa, ambos organismos denunciaron que la maniobra se habría extendido entre 1996 y 2007 y que las supuestas coimas habrían ascendido a un monto aproximados de u$s 100 millones.

Parte de la información comunicada ayer por la SEC y el fiscal General Adjunto a cargo del caso, Lanny Breuer, ya se había hecho pública cuando la SEC trasmitió en 2008 los resultados de la auditoría interna que el grupo Siemens realizó para poder seguir cotizando en la Bolsa estadounidense. Por las irregularidades detectadas en ese informe, Siemens AG y Siemens Argentina acordaron pagar a la SEC u$s 448,5 millones y u$s 500 mil respectivamente.

Tanto la denuncia del Departamento de Justicia como la de la SEC acusan a los exdirectivos de Siemens de supuestamente pagar sobornos a funcionarios de Gobierno, candidatos e integrantes de la oposición para lograr el contrato, mantenerlo y, más tarde, intentar esconder las pruebas de los supuestos delitos. En este punto, ninguna de las dos denuncias precisa nombres de funcionarios argentinos y sólo delimita vagamente el período 1996-2007 para investigar esos hechos, sin especificar a quiénes habrían estado destinados los supuestos sobornos durante los Gobiernos de Menem, De la Rúa y Eduardo Duhalde, según las fechas establecidas.

En su informe, la SEC sí detalla que el llamado Project Group («grupo poryecto»), supuestamente destinado a pagar las coimas, habría discutido en 2001 presuntos pagos a dos presidentes para avanzar con la inversión, y habría hecho un depósito en una empresa a nombre de un exministro de Justicia con influencia en la SIGEN. El escrito también señala que «aproximadamente u$s 31,1 millones de los u$s 100 millones en sobornos pagados fueron realizados después del 12 de marzo de 2001», fecha en que se dio de baja el contrato.

Ambas denuncias especifican, en cambio, a los exdirectivos acusados de la maniobra. La fiscalía y la SEC los investigan como supuestos integrantes de una «conspiración para violar el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)» a través del supuesto pago de soborno, lavado de dinero y fraude.

Imputados

Los exejecutivos acusados por el Departamento de Justicia son Uriel Sharef, exintegrante del Comité Ejecutivo Central de la casa matriz; Herbert Steffen, CEO de Siemens Argentina entre 1983 y 1989 y nuevamente en 1991; Andrés Truppel, CFO de Siemens Argentina entre 1996 y 2002; Ulrich Bock, director del área comercial de Siemens Argentina entre 1995 y 2001; Stephen Signer, reemplazante de Bock en el cargo, y Carlos Sergi, señalado como intermediario de la empresa y supuesto gestionador de los sobornos.

Respecto de los otros imputados, ambos organismos disienten: mientras que el fiscal acusó también a Eberhard Reichert, exdirectivo de Siemens Argentina, y a Miguel Czysch, también señalado como presunto intermediario, la SEC no incluye a ninguno de ellos dos en la lista de imputados y suma a Bernard Regendantz, CFO de la casa local entre 2002 y 2004. Todos estos exdirectivos fueron imputados por el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa local, y ya fueron indagados en su mayoría.

Los únicos que no fueron interrogados por el magistrado son Sharef, quien fue notificado en Alemania pero aún no fue respondido el exhorto oficial, y Sergi, quien fue declarado inimputable por una junta médica debido a padecer un estado avanzado de Alzheimer. Respecto de los datos contables denunciados por la SEC y el fiscal Breuer, gran parte de ellos están acreditados en la pesquisa local, como las 17 cuentas offshore supuestamente abiertas por Sergi y Czysch para gestionar los supuestos sobornos, así como la supuesta negociación que el primero habría mantenido en 2001 en Miami con exdirectivos de la casa matriz para reflotar el contrato que había sido cancelado. Según la denuncia de la SEC, Sergi supuestamente pidió en esa oportunidad un adelanto de u$s 10 millones para pagar a funcionarios argentinos, aunque el texto no aclara de qué Gobierno.

También se precisan otras supuestas operaciones delictivas como el desvío de dinero de la casa matriz a través de empresas intermediarias para pagar supuestas coimas. En este punto, se menciona, por ejemplo, un pago de u$s 5,2 millones a la empresa Meder Holding Corporation SA en 2002 en Uruguay y, años después, otro de 9,6 millones de euros a través de la firma PTD en Dubái.

La denuncia de la SEC indica que el grupo asesor de Siemens supuestamente debía pagarles a exfuncionarios de Menem y a integrantes del Gobierno de De la Rúa para poder reactivar el contrato cuando fue cancelado, pero no afirma si esos supuestos pagos fueron realizados.

En este sentido, ambas denuncias dejan un campo abierto para la especulación respecto de la posible implicación de funcionarios argentinos en el caso. Hasta el momento, en la causa local, ninguno fue indagado si bien en su momento estuvieron imputados Menem, su ministro del Interior, Carlos Corach, y el exsecretario de Población, Aldo Carreras. Mientras la Justicia criolla y la estadounidense avanzan sobre los exdirectivos de la empresa, siguen circulando las sospechas sobre quiénes fueron los funcionarios que habrían recibido sobornos y que buscan ampliar la famosa anotación de los auditores alemanes sobre el presunto pago de coimas millonarias a «CC, CM, HF y CS».