Sigue investigación por Retiro

Carlos Menem, Domingo Cavallo y Carlos Grosso seguirán procesados en el marco de una causa que data de 1992. Así lo dispuso la Cámara Federal, donde entienden que el juez Norberto Oyarbide deberá seguir investigando la presunta venta de un terreno fiscal ubicado en la plaza de Retiro, frente a la estación de Ferrocarril. En 2010 un fallo de la Sala III de la Cámara de Casación había dejado la investigación casi en punto muerto luego de considerar que ya habían pasado 17 años desde su apertura. Ahora, y cuando se especulaba con que los implicados terminarían sobreseídos, el tema vuelve a la instancia de instrucción.

En 2008 ya la Sala I había revocado un fallo de Oyarbide del año anterior por el cual sobreseía a los involucrados. Los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah consideraban, mediante un escrito, que los exfuncionarios eran culpables del delito de presunto peculado. Los jueces entendieron que estaba probada la maniobra de una venta presuntamente a «precio vil» de tierras fiscales. Se trata de 1.965 metros cuadrados en los cuales se construyó el Centro de Abastecimiento Municipal (CAM). Tiempo más tarde este predio pasó a estar en manos de un grupo de vendedores de feria, quienes no tardaron en instalar un mercado que al día de hoy todavía funciona.

La venta se había realizado en agosto de 1992, prácticamente a mediados del primer Gobierno de Menem. Esto había sido posible gracias a un decreto que el expresidente firmó en 1990. El texto también llevaba la firma de Cavallo. En tanto, el exintendente Grosso también firmó un decreto municipal por el cual se vendían las tierras a un precio de u$s 400.000. La empresa constructora, Nuevo Madero, se había inscripto como sociedad sólo unos días después que comenzara el proceso para la sesión del terreno. Justamente en el fallo actual de la Cámara se ordena también investigarla participación de los privados en la trama.

Perspectiva

Ahora Oyarbide deberá volver a investigar. Considerando el tiempo transcurrido desde que se inició el trámite, se entiende que el sobreseimiento ya no sería una opción y que la alternativa de mayor solidez será requerir la elevación a juicio oral.

Por estos días, en los tribunales orales de Retiro se tramitan algunas de las causas más relevantes de los años 90. Es el caso de los sobresueldos presuntamente autorizados por Menem y Cavallo, cuyo expediente fue elevado a juicio por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La semana pasada, el juez Ariel Lijo también solicitó dar paso al debate oral en la causa que busca saber si el extitular de la Casa de Moneda durante la administración de Menem, Armando Gostanian, compró maquinaria con sobreprecios a proveedores del exterior. Para esto el juez libró exhortos a entidades ban-carias de Suiza, Estados Unidos y Alemania.

Más avanzada es la situación de la megacausa IBM-Banco Nación, donde se investigó el presunto pago de coimas para la contratación de los servicios de la empresa IBM. El Tribunal Oral Federal Número 3 la había declarado prescripta, pero a principios de marzo el fiscal ante la Casación, Raúl Plee, apeló el fallo y pidió que se vuelva a investigar a más de una docena de los acusados.