25 de octubre 2010 - 00:00

Sin Congreso por el censo: quedan sólo cuatro sesiones

Aníbal Fernández
Aníbal Fernández
El Presupuesto Nacional, el nuevo régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, la modificación de la estructura del Consejo de la Magistratura y el cambio en la Ley de Administración Financiera serán algunos de los temas que deberán esperar en el Senado hasta la próxima semana por la parálisis generada por el censo nacional de este miércoles. El actual período de sesiones ordinarias finaliza el 30 de noviembre y en la Cámara de Diputados, sin quórum hace casi dos meses, también esperan aprobación una batería de proyectos encabezados por la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, una nueva ley anticorrupción y un régimen contra la trata de personas.

Los jefes de las bancadas que integran la Cámara alta resolvieron durante la última reunión de Labor Parlamentaria sesionar cuatro miércoles más, excluyendo este 27 de octubre en el que no habrá actividad por la realización del Censo del Bicentenario. No obstante, desde el oficialismo aseguraron que la única iniciativa para la cual brindarán el quórum, y sobre la que trabajarán para convertir en ley, será el Presupuesto Nacional que está en estos momentos en debate en la Cámara de Diputados.

Agenda

Una vez que la denominada «Ley de Leyes» obtenga sanción en Diputados, entonces el Senado se abocará a su estudio y posterior debate, lo que no llevará menos de dos semanas.

La aprobación del resto de las iniciativas correrá por cuenta de la oposición, que piensa utilizar los cuatro miércoles de noviembre para lograr la sanción de leyes a las cuales el Frente para la Victoria se opone.

El radicalismo y sus aliados de la Coalición Cívica y del socialismo, más el Peronismo Federal, deberán juntar cada semana los 37 senadores necesarios para obtener el quórum.

Pero, además, en algunos proyectos de ley también necesitarán 37 senadores para aprobarlos, como es en el caso de la modificación de la Ley 26.122 sobre el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Vigencia

La iniciativa, ya sancionada por Diputados, establece que esos documentos sólo serán válidos si ambas Cámaras del Congreso los aprueban. En la actualidad, los DNU dictados por el Ejecutivo quedan vigentes hasta tanto el Congreso no los rechace.

La oposición intentó, el miércoles pasado, debatir ese expediente, pero, al comprobar que no tendría los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa, decidió no incluirlo en el temario de la sesión.

El resto de los proyectos que el arco no kirchnerista quiere convertir en ley ni siquiera tienen dictamen, por lo que durante las próximas semanas se convocará a plenarios de comisiones para cerrar el trámite previo a llevar la discusión al recinto. Sin embargo, si el tiempo no alcanzara, el radicalismo ya tiene previsto pedirle al Poder Ejecutivo Nacional que extienda el período de sesiones ordinarias.

De hecho, durante la última sesión en la que el Senado aprobó la nueva Ley de Armas y la prohibición de la labor de los desarmaderos ilegales, el cuerpo legislativo estableció que el 2 de noviembre se realizará una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para debatir la modificación a la ley sobre el Consejo de la Magistratura.

La oposición pretende aprobar el proyecto venido en revisión de Diputados por el cual se aumenta de 13 a 18 los integrantes del Consejo, se restituye la presidencia del cuerpo a la Corte Suprema, se le otorga una conformación con menos representantes del poder popular y se reduce de 5 a 3 los miembros que responden al oficialismo.

Para el mismo martes 2, el radicalismo y el resto de los bloques opositores también buscarán dictaminar el proyecto de ley para modificar la Ley de Administración Financiera e impedirle al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, cambiar el destino de partidas presupuestarias.

La iniciativa propone la revocación de los denominados «superpoderes» y su reemplazo por el artículo 37 de la mencionada Ley de Administración Financiera, que implica que cualquier reasignación presupuestaria, para ser efectiva, debe ser aprobada antes por una ley del Congreso.

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