Sopor en Tribunales

La adrenalina judicial que trajo fin de año y el novelón de las reservas durante el verano cayó en un letargo insospechado al retomar las actividades normales los juzgados federales. Las causas que prometían sacudir la política ni bien empezara a revivir Comodoro Py se vieron de pronto estancadas por recursos de apelación y peritajes.

Con un breve paneo, la conclusión salta a la vista. La causa por el supuesto tráfico de medicamentos adulterados, que sacudió las bases del sindicalismo a fines del año pasado con el procesamiento del titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, está enfrascada en decenas de recursos interpuestos por las defensas de los acusados. Algunas ya llegaron a la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, pero siguen surgiendo nuevas pedidos de nulidad, recusaciones y otros trámites que frenan el ritmo procesal de las investigaciones. Mientras tanto, la secretaría de Carlos Leiva, que lleva la causa, rebalsa de troqueles falsos, a la espera de que finalicen los peritajes de los remedios secuestrados y los pronunciamientos de los tribunales de alzada.

Otro de los casos que lleva el juez federal Norberto Oyarbide es el de las escuchas ilegales, que presentan una situación similar. La Cámara Federal se tiene que pronunciar sobre las apelaciones a los procesamientos del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, del supuesto espía Ciro James y de los policías y empleados judiciales de Misiones, todos ellos procesados por presunta asociación ilícita. Esta semana el tribunal de alzada recibió a los abogados defensores de los imputados y definiría en breve la situación. De este fallo depende en parte el respaldo que recibirá Oyarbide para su pesquisa. En enero pasado, el magistrado anunció que probablemente iba a citar a indagatoria al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y su ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro. Fue como un anuncio del anuncio, porque todavía no hay novedades de la citación. Tampoco de la definición de la situación procesal del ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, quien fue indagado en diciembre pasado.

Skanska

Así puede seguir la enumeración. El caso por el presunto pago de coimas a funcionarios de Gobierno por parte de la empresa Skanska, frenado por peritajes contables e informes sobre cruce de llamados. La investigación por la toma de la comisaría 24, por la que se procesó a Luis DElía el año pasado, con apelaciones a resolver en Cámara. El caso del supuesto intento de pago fraudulento de unos $ 500 millones al grupo Greco, por el que varios funcionarios fueron procesados el años pasado, también en pausa por apelaciones. La pesquisa por las supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, donde fueron procesados Carlos Menem y Jorge Palacios, entre otros, está en la misma situación.

Quizás el letargo judicial se sacuda un poco con el desfile de ex funcionarios y empresarios que el juez Claudio Bonadío citó por la causa por presunta aceptación de dádivas contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Las indagatorias comenzarán hoy, pero el plato fuerte llegará recién el 5 de marzo, cuando el ex funcionario y el actual titular del área, Juan Pablo Schiavi, se presenten ante el juez. Una reapertura del año judicial, a medida de Comodoro Py.