Sta. Cruz proyecta salir de Pacto Fiscal

Santa Cruz - En una nueva embestida en el marco de su pelea con la Casa Rosada, el díscolo gobernador justicialista, Daniel Peralta, enviará hoy a la Legislatura un proyecto para desadherir a la provincia del Pacto Fiscal de 1992, que disparó los recortes del 15% en la coparticipación federal al interior para financiar el sistema previsional nacional.

Sin embargo, la iniciativa es de difícil concreción, a partir de la previsible oposición que le imprimirá el kirchnerista FpV, que controla el recinto. Por eso, el mandatario no descarta acudir a la Justicia Federal para lograr que el Pacto quede sin efecto.

El objetivo de Peralta es recuperar ese flujo de recursos, una meta que ya persiguen otros dos mandatarios críticos de Balcarce 50: el peronista disidente cordobés José Manuel de la Sota, y el radical correntino Ricardo Colombi, quienes consiguieron una ley similar en agosto de 2012 y en marzo pasado, respectivamente.

El cacique mediterráneo -de aspiraciones presidenciales 2015- dio un paso más: en julio pasado concretó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cese de esos tijeretazos nacionales.

En rigor, también incursionan en la vía judicial Santa Fe y San Luis, aunque no apelaron a la renuncia al Pacto previamente.

Todos ellos buscan forzar el fin de la quita del 15% de la coparticipación -innecesaria dicen, tras la estatización de las AFJP-, para ver incrementadas las remesas a las arcas locales. En el caso santacruceño, la novedad representaría cerca de $ 35 millones adicionales.

El Pacto Fiscal fue sellado en 1992 por todos los gobernadores y por Nación, por entonces a cargo del presidente Carlos Menem.

El anuncio de Peralta -quien en rigor ya había anticipado que iba a avanzar en ese sentido- fue concretado ayer, en una conferencia de prensa en la sede gubernamental junto al jefe de Gabinete, Ariel Ivovich, y al ministro de Economía, José Blassiotto.

Allí además confirmó el envío al Parlamento de otros dos proyectos, también destinados a oxigenar las deficitarias arcas locales. Uno de ellos apunta para solicitar una muy difícil autorización para un endeudamiento por $ 400 millones para garantizar el pago del aguinaldo de diciembre, mientras que el otro tiene que ver con el veto a una flamante norma impulsada por el FpV para impedir que el Ejecutivo pida anticipos de regalías.