El Gobierno oficializó ayer su decisión de suspender «los términos y plazos de contrato y pagos» a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que supervisaba el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), a la espera de una decisión oficial sobre las presuntas irregularidades denunciadas en el manejo de la operatoria. Lo hizo a través de la Resolución 98/2012 de la Secretaría de Transporte, publicada ayer en el Boletín Oficial, donde también se instruye «a la Unidad Ejecutora del Proyecto, para que proceda a la revisión y análisis de la documentación respaldatoria». Allí también se precisó que la dependencia «recibió un oficio judicial por parte del fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 4 por el cual solicitó la remisión del expediente original por donde tramitó la licitación y contratación para el control de la tarjeta SUBE». Además, indicó que «ha circulado públicamente información periodística vinculada a eventuales irregularidades en la contratación referida».
En consecuencia, subrayó que «atento a los hechos detallados precedentemente, se propicia la adopción de medidas de carácter preventivas y provisorias tendientes a llevar a cabo las verificaciones pertinentes por parte de la Unidad Ejecutora contratante».
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