Curitiba - El juez Sérgio Moro endureció el régimen de visitas del detenido expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, en una jornada en la que viajaron a ver al líder opositor nueve gobernadores, y en la víspera de que el Supremo Tribunal Federal (STF) debata o no un recurso que podría dejarlo en libertad.
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"Ningún privilegio será concedido. No se puede dar privilegios diferentes al resto de los condenados, también ven virtud de la organización de la repartición pública que lo aloja", dijo el juez Moro, cabeza de la operación Lava Jato.
La decisión fue en respuesta a un pedido de nueve gobernadores que se trasladaron a Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde ahora funciona el comité nacional del Partido de los Trabajadores (PT) y existe un acampe con más de 1.000 personas. Se trató de los gobernantes Tiao Viana (Acre), Rui Costa (Bahia), Camilo Santana (Ceará), Fernando Pimentel (Minas Gerais), Wellington Dias (Piauí), Flávio Dino (Maranhao), Renan Filho (Alagoas), Jackson Barreto (Sergipe) y Paulo Cámara (Pernambuco).
Dias anunció que pedirán al STF permiso para que autoridades ingresen a la sede de la Policía Federal como parte de las visitas de Lula.
Con la negativa de Moro, el expresidente sólo podrá recibir a sus abogados los días hábiles y a sus familiares los miércoles. Así queda bloqueada la forma de mantener su influencia sobre la política del país.
Abogados y juristas brasileños alimentaban ayer expectativas de que el hoy el máximo tribunal discuta un caso de 2016 que podría permitir al expresidente recuperar su libertad.
El juez del STF Marco Aurélio Mello anticipó el fin de semana que llevaría el proceso al pleno para definir si es constitucional arrestar a condenados en segunda instancia, como el exmandatario (2003-2010).
"El Supremo debería discutir el mérito de este asunto. Deberían haberlo hecho antes del juicio a Lula, despersonalizándolo", dijo Antonio Carlos de Almeida Castro, uno de los promotores del recurso presentado por el ultranacionalista Partido Ecológico Nacional (PEN), que ahora desea retirar su presentación.
"Nuestro partido es de derecha. Retiramos el apoyo a esta acción porque no sabíamos en el pasado que podíamos beneficiar a Lula", dijo el presidente del PEN, Adilson Barroso. El partido echó a su abogado, Almeida Castro, defensor de varios acusados en la Operación Lava Jato.
El debate en el STF podría zanjar de forma definitiva las divergencias internas que persisten sobre el asunto. La semana previa a la detención de Lula, la corte rechazó por 6 a 5 un hábeas corpus pedido por Lula para evitar la cárcel.
Pero una de las magistradas que votó en contra, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia actual si el asunto fuese tratado de forma general.
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