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TBA se rinde y no hará juicio por la quita de concesiones
Claudio Cirigliano
Hacia las primeras horas de la tarde, y luego de conversar con dos abogados expertos en litigios, el escenario ya era más claro: por el momento TBA no apelará ante la Justicia la decisión gubernamental. El principal sustento de esta estrategia se encuentra en los negocios y las inversiones que el holding de los hermanos Cirigliano todavía mantiene con el Estado. Uno de los ejemplos que citan en la compañía es la venta de los servicios de infraestructura para vagones mediante la empresa Emprendimientos Ferroviarios SA (Emfer), cuya facturación ronda los u$s 50 millones anuales y no presenta los riesgos del transporte de pasajeros.
A este negocio se suman, entre otros, el Grupo Plaza, que también opera en el mercado de transporte de pasajeros, Tatsa, que presta servicios de infraestructura para colectivos y SIG que desarrolla nuevas tecnologías.
En el mediano plazo Cometrans (el consorcio del que forma parte TBA) también aspira a ingresar en el mercado energético gracias a la importación de gas desde Medio Oriente. Para este negocio los Cirigliano crearon una empresa en Qatar a principios de 2011 y se asociaron a Qatargas con la meta de importar 25 millones de metros cúbicos diarios. El proyecto contó, en su momento, con la venia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Para transportar el gas hacia los barcos Cometrans Qatar se encuentra desarrollando un sistema de vías férreas.
En TBA entienden que existen elementos para demandar al Estado. El principal argumento es la falta de inversiones en el tramado de ferrocarriles que incluye un golpe bajo: el tren que se estrelló en la estación Once y le costó la vida a 51 personas, según la empresa, era responsabilidad de la Secretaría de Transporte y tendría que haber estado nuevo.
Subsidios
Los abogados de la firma se apoyan en la ley de emergencia ferroviaria, que rige desde 2002 y que permitió mantener congelado el precio de los boletos para los pasajeros. Según esta norma el Estado se debía hacer cargo, entre otras cosas, de los gastos que podían implicar mayores costos laborales para las compañías, como es el caso de las reformas en infraestructura. Según el presupuesto 2012, TBA debería recibir este año la suma de $ 832.500.000 en concepto de subsidios para sus diferentes compañías.
Una anécdota que se recordó una y otra vez el pasado viernes, y que se mencionaba como ideal para incluirla en una eventual demanda, fue la última visita del exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a la línea Sarmiento. Tuvo lugar en agosto de 2011. Al entonces funcionario se le mostraron los talleres y se le habría señalado una y otra vez la falta de mantenimiento y las carencias de repuestos y de herramientas de trabajo.
Los negocios no son el único factor que mueven el amperímetro en la relación Cometrans-Gobierno. Si bien nadie lo dirá en voz alta, el complejo entramado de causas judiciales que involucran a los principales nombres de la empresa también fueron rutilantes para desistir de una embestida judicial contra el Gobierno.
Hace quince días la Cámara de Casación Penal determinó que el titular de TBA, Claudio Cirigliano, corra la misma suerte que el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y vaya a juicio oral por el presunto delito de dádivas. En el expediente se busca saber si el exfuncionario se favoreció de taxis aéreos que habría pagado el empresario que él debía controlar.
En ese sentido también aparece la investigación por la tragedia de Once que lleva el juez Claudio Bonadío. En esta causa ya han declarado varios directores de TBA y de Cometrans y se espera la indagatoria a los hermanos Cirigliano. Uno de los focos de la instrucción son
los manejos que hizo la empresa con los subsidios del Estado y para esto se esperan los resultados de un peritaje administrativo.


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