21 de junio 2010 - 00:00

Tensión en Bariloche, con marchas enfrentadas

Los violentos disturbios del pasado jueves, desatados tras la muerte bajo una bala policial de un adolescente de 15 años, se cobraron otras dos víctimas.
Los violentos disturbios del pasado jueves, desatados tras la muerte bajo una bala policial de un adolescente de 15 años, se cobraron otras dos víctimas.
Río Negro - No cesa la tensión en la ciudad de Bariloche, de la mano de un cruce de marchas a favor y en contra de la policía provincial y de un virtual copamiento de parte de la municipalidad por parte de organizaciones sociales, en «asamblea permanente», que se mantenía anoche.

Cerca de las 19 de ayer se inició una ruidosa movilización por el centro de la ciudad -convocada por mensaje de texto- en respaldo de los efectivos policiales y en reclamo de que no sea trasladada la cuestionada comisaría 28. La marcha desembocó en el Centro Cívico.

En paralelo, familiares de Diego Bonefoi, el joven de 15 años que murió luego de ser baleado por un policía, y diversas organizaciones locales convocaron para mañana a una nueva marcha en el Centro Cívico. Como parte del reclamo de justicia, subrayaron el pedido de renuncia de «los responsables políticos» de la represión policial que causó la muerte de otros dos jóvenes (Nicolás Carrasco, de 17 años, y Sergio Cárdenas, de 29) y que derivó de serios incidentes entre vecinos y efectivos suscitados tras el presunto «gatillo fácil».

Tal como confirmaron dirigentes y voceros de las agrupaciones sociales, políticas, ecológicas y sindicales que integran la llamada Multisectorial que se sumó a la convocatoria de la familia Bonefoi, «la marcha es para volver a pedir la renuncia de los responsables políticos de la represión». Así, se apuntó al ministro de Gobierno de Río Negro, Diego Larreguy.

También ratificaron que la movilización fue promovida para reclamar la dimisión de los «autores materiales de los crímenes de Carrasco y Cárdenas», que fallecieron a raíz de heridas de bala sufridas cuando la Policía reprimió el jueves a los manifestantes que protestaban por el homicidio de Bonefoi. Asimismo, miembros de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) evaluaban anoche la posibilidad de convocar a un paro para mañana en Bariloche a fin de aumentar la cantidad de asistentes a la movilización.

«La muerte de un chico de 15 años que nos duele a todos, así como las muertes de las otras dos personas cuyas circunstancias del fallecimiento están siendo motivo de una exhaustiva investigación», señaló el gobernador radical K Miguel Saiz y subrayó: «No queremos impunidad de ningún tipo».

La gobernación se comprometió a cerrar la Comisaría 28ª de Bariloche, para la cual prestaba servicios el cabo que fue detenido bajo la acusación de asesinar a Bonefoi. Así se lo aseguró Larreguy a Sandro Bonefoi, el padre del menor, quien advirtió que si los dichos del funcionario no se cumplen se podrían repetir graves incidentes mañana.

Ante la complejidad de los hechos, el Gobierno provincial apura el traslado de la comisaría para ayudar a descomprimir la situación.

Saiz reconoció que una de las causas primordiales de la violencia desplegada se vincula a las grandes falencias en la contención social que se suman al importante crecimiento poblacional registrado en la provincia, pero, además, indicó que «muchas personas indignadas creyeron que ésta era la forma de sacarse la bronca, y otros especulan políticamente con la situación».

Por otra parte, el gobernador pidió que no se juzgue «a toda la institución» policial por lo que hicieron unos efectivos, al tiempo que destacó las medidas que dispuso su gestión luego de los fatales incidentes: por un lado, el viernes pasó a disponibilidad al jefe de la Comisaría 28ª, Jorge Carrizo, separó de sus funciones a cuatro policías a su cargo que intervinieron en el procedimiento en el que murió Bonefoi y ordenó el traslado del personal de guardia que estuvo de servicio el día del operativo.

Ayer, el único imputado por la muerte de Bonefoi se abstuvo de declarar ante el juez de Instrucción 2 de Martín Lozada. Ahora, el magistrado cuenta con diez días para resolver la situación procesal del policía.

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