Tras paro, G. Carbó envía señal de paz por reforma

Alejandra Gils Carbó

 La Procuración General comenzó a diseñar una estrategia para distender los ánimos con el gremio de empleados judiciales, que ayer realizó su tercer paro en protesta a la reforma Procesal Penal. La medida prácticamente paralizó la actividad en el fuero penal ordinario de la Capital. La tesis del sindicato que controla Julio Piumato es que la reforma no garantiza la permanencia de los empleados que actualmente atienden en los juzgados, que tras la reforma se reducirán exponencialmente. Donde se incrementarán los cargos será en las nuevas unidades fiscales.

El número de cargos que figuran en la letra de la reforma asciende a 1.600. Una cantidad que genera distancias entre las aspiraciones del oficialismo y la oficina de Alejandra Gils Carbó. Cuando se generaron los proyectos de implementación, desde el ministerio público avisaron al Ejecutivo que 1.600 era una cifra excesiva y que a los fiscales no les convendría porque los planteles de sus despachos crecerían más de lo recomendable para la gestión cotidiana.

Pero el oficialismo no cedió y ese número llegó tal cual a la Bicameral que debe discutir la implementación en el Congreso. La política le ganó al pragmatismo porque desde el Gobierno se calculó que con ese incremento de personal, los fiscales estarían satisfechos con la reforma. En parte, el objetivo se cumplió porque salvo casos aislados, los fiscales guardan un silencio total sobre la llegada del modelo acusatorio que les otorga la posibilidad de instruir las causas. En cambio jueces y empleados concentran la oposición a la reforma. De hecho, estos últimos preparan una marcha al Congreso para el próximo martes cuando Gils Carbó se presente ante la Bicameral.

Ahora la procuradora intenta calmar los ánimos con los gremios por eso apunta a tender una línea que tiene como mensaje inicial que todos los empleados de los juzgados conservarán sus cargos y que serán capacitados en los avatares del nuevo modelo acusatorio, cuyos trámites y diligencias son distintos del actual sistema inquisitivo. Mensaje, que será acompañado por la afirmación que el personal existente es necesario para una puesta en marcha eficaz de la reforma, que sería imposible con empleados sin la experiencia necesaria.

En paralelo, Gils Carbó buscará contrarrestar la percepción de que la reforma incrementa exponencialmente sus atribuciones como procuradora. En su entorno explican que la creación de unidades integradas por grupos de fiscales limita tanto el lobby interno que podría existir en el ministerio público como también el externo, que proviene de diversos focos de poder político y económico. Nociones que la jefa de los fiscales ya le ha transmitido a Ricardo Lorenzetti en sus últimos encuentros.

Por su parte, el kirchnerismo duro exhibe en las últimas semanas ciertos reparos para con la procuradora, clima que se inició cuando se trasladó la oficina de escuchas judiciales de la SIDE a la Procuración sin consultarle previamente. En el primer piso de Balcarce 50 ha ganado handicap la idea de que, en su ingreso al poskirchnerismo y con la necesidad de enviar mensajes a la nueva administración, Gils Carbó podría convertirse en una player inquietante en los avatares judiciales. Mientras tanto, ayer el fiscal Javier De Luca (Justicia Legítima) le asestó un golpe a Amado Boudou cuando no sostuvo su apelación al procesamiento en la trama Ciccone.

A esta situación se suma el conflicto cada vez más sonoro con Lorenzetti (ver nota aparte). El paso por Córdoba del justice fue explosivo en materia de declaraciones públicas, aunque nada se compara con la velada que éste protagonizó en la noche del lunes cuando una veintena de jueces federales del interior lo recibieron en un restorán en las afueras de la ciudad mediterránea.

Lorenzetti es esquivo a este tipo de saraos, pero ante tanta insistencia accedió. Allí volvió a mostrarse convencido de que el oficialismo quiere ampliar la Corte Suprema y deslizó, críptico, que su certeza emana de la misma seguridad que ha observado en sus interlocutores del Gobierno respecto de ese proyecto. Obviamente, esos contactos están por encima de la verborragia matinal de Aníbal Fernández.

No faltó tiempo para asuntos más terrenales, como algunas dudas por la integración de las salas de la Cámara cordobesa o el hecho de que el champán con el cual se cerró el sarao no era de la calidad esperada. Trivialidad que no van con el estilo del justice, menos en el contexto actual.