Tres muertos ¿y un desaparecido?

Gendarmería mantuvo ayer cercado el Parque Indoamericano mientras se censaba a los ocupantes.

La intervención de la Gendarmería y la Prefectura en el Parque Indoamericano facilitó ayer el trabajo de los jueces que intervinieron en las causas abiertas por el desalojo y los asesinatos cometidos en el predio la semana pasada.

La jueza porteña en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori recorrió ayer el parque, pidió «una pronta solución» y que resulte «la mejor de todas», y atribuyó a la «tremenda necesidad» de los ocupantes la problemática desatada. Mientras que la causa penal por los crímenes de al menos tres personas no tenía hasta ayer sospechosos identificados y se temía por la imposibilidad de hallar las armas homicidas.

En su recorrida al mediodía Liberatori valoró la apertura de una negociación política entre los Gobiernos nacional y porteño para la búsqueda de una solución de fondo y justificó la demanda de los ocupantes del parque. «No es una ocupación de territorio; es algo más trascendente, es pedir una vivienda digna», sostuvo.

Sobre el avance en un terreno público dijo que «a veces los métodos son los que salen» y relacionó la decisión de los ocupantes con «las tremendas necesidades» que padecen. «Es de lamentar que a veces las respuestas se susciten a partir de hechos tan lamentables como son las muertes de personas», agregó la jueza.

Respecto de los asesinatos, el fiscal Sandro Abraldes intentará esta semana avanzar con una investigación que se prevé ardua y con dificultades para un pronto esclarecimiento. Es que los peritos le anticiparon al fiscal que los proyectiles encontrados en los cuerpos de Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña -las dos primeras víctimas durante el desalojo del martes pasado- no podrán ser cotejados con las armas secuestradas hasta ahora.

Armas

Abraldes había ordenado incautar unas 260 armas largas y cortas de la Policía Federal, y para esta mañana aguarda la entrega de las utilizadas por la Metropolitana.

El inconveniente para los estudios radica en el hecho de que los encargados de las autopsias recogieron de los cuerpos perdigones y no balas, lo que no permitirá establecer con certeza de qué armas fueron efectuados los disparos. Los perdigones, además, son compatibles tanto para las escopetas reglamentarias de los policías como para «armas tumberas», como denunció en un primer momento el Gobierno porteño. La única certeza es que se trata de proyectiles de municiones de tipo múltiple, de calibre 12.

Sin embargo, el fiscal tiene expectativas respecto de otro estudio que le encargará hoy a la Gendarmería: con las armas secuestradas, la fuerza hará una pericia para determinar si se dispararon balas de goma, como ambas fuerzas alegaron, o bien postas de plomo, tal como denunciaron los vecinos y los ocupantes.

En esta línea, un testigo que declaró ante el fiscal este sábado, dijo haber visto a efectivos de la Federal mientras disparaban con pistolas 9 milímetros. Esas armas reglamentarias también fueron incautadas.

En cuanto a Juan Quispe Castañeta, asesinado el jueves durante la segunda ocupación del predio, en lo que pareció ser un enfrentamiento con vecinos y supuestas patotas, Abraldes pedirá el texto de una declaración hecha en sede policial. De momento, el fiscal sólo pudo tomar por este crimen el testimonio de la mujer de Quispe Castañeta, que no se encontraba con su marido al momento del homicidio.

Sin datos

Los investigadores tampoco tenían datos hasta anoche de una supuesta cuarta víctima. Se trata de un dato que aportó el director del SAME, Alberto Crescenti, sobre la base del relato de los responsables de una ambulancia que entró al predio el viernes para atender a un herido. Contó que cuando el médico y el camillero se aprestaban a ingresar a una persona herida en la ambulancia, un grupo no identificado retiró al lesionado del vehículo y lo remató con un disparo en la cabeza.

Sin embargo el cuerpo no fue hallado hasta ayer. Las hipótesis eran variadas: una de ellas establece que se trata de un herido internado en el hospital Piñero, en estado gravísimo y con fractura de cráneo, pero que sin embargo no responde a la descripción de los ocupantes de la ambulancia. De hecho, la versión que hizo pública Crescenti hablaba de un joven de 19 años, cuando el internado es un hombre de 40 llamado Policarpio Coria

-de origen boliviano y con documento argentino-, que no presenta heridas de bala.

Otra versión más inquietante llegó a oídos del fiscal. Mientras aguarda la respuesta a un llamado que hizo a todos los hospitales de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, analiza la posibilidad de que efectivamente haya un cuarto asesinado cuyo cuerpo permanezca todavía en el interior del Indoamericano, en vista de que el personal de Gendarmería y Prefectura de momento sólo se ocupó de cercar el predio pero no tuvo ingreso pleno. De todos modos, hasta anoche no había sospechosos y menos pedidos de captura o de indagatoria previstos en el expediente.