Las manifestaciones fueron convocadas por los gremios el mes pasado, durante la ola de protestas que movilizó a más de un millón de personas, y se extendió a 23 estados. "Buscamos presionar a los poderes Legislativo y Ejecutivo para que haya un avance en nuestras reivindicaciones históricas", expresó la vicepresidenta de la Central Única de Trabajadores (CUT), Carmen Foro.
Los manifestantes interrumpieron algunas operaciones en polos industriales, refinerías y los accesos a algunos puertos, incluido el de Santos, el más importante del país. En Belo Horizonte paralizaron temporalmente el subterráneo y las líneas de colectivo, que usan más de 200.000 personas diariamente. En Salvador los bancos no abrieron las puertas.
Los manifestantes, que en su mayoría portaban banderas de sindicatos y partidos políticos de izquierda, bloquearon desde el comienzo del día decenas de rutas en todo el país, incluida la autopista más importante del país que comunica a Río de Janeiro con San Pablo. En algunos sitios, la Policía empleó gases lacrimógenos para despejar caminos, cuyos bloqueos generaban grandes atascos.
Pese a las protestas y las adhesiones parciales en todo el país, las propias centrales descartaron una huelga general, por considerar que la actual coyuntura laboral, con bajo desempleo, no la justifica. No obstante, la medida fue interpretada como una gran manifestación de descontento y un desafío al Gobierno de Dilma Rousseff.
La jornada de protestas fue convocada por las principales centrales sindicales de Brasil, como la CUT, Fuerza Sindical, Unión General de los Trabajadores (UGT) y Coordinación Nacional de Luchas (Conlutas). Todas ellas consideran que una gran movilización nacional podrá reforzar la posición de los sindicatos en las negociaciones que intentan entablar con el Gobierno.
Sus principales demandas son la reducción de la jornada de trabajo hasta 40 horas semanales, la modificación de una ley que reduce las pensiones de quienes se jubilan prematuramente y la petición para que se archive un proyecto de ley que permite a las empresas ampliar el número de trabajadores tercerizados. Algunos sindicatos también reivindican medidas para reducir la inflación, que consideran como la principal preocupación de los trabajadores actualmente,.
El plan de lucha, sin embargo, divide a los propios sindicalistas entre los que piden apoyar a Rousseff y los que acusan al Gobierno de no atender sus reivindicaciones.
La CUT, la mayor unión de sindicatos del país y controlada por el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, alega que las manifestaciones tan sólo buscan presentar la "agenda de reivindicaciones" de la clase trabajadora "en el momento particular que vive la nación". La Força Sindical, por su parte, exige la destitución del ministro de Hacienda, Guido Mantega, por una política económica que, en su opinión, ha permitido que la inflación corroa el salario de los trabajadores. "Ésta es la primera vez en la historia de Brasil que nos manifestamos juntos", declaró Paulo Pereira da Silva presidente de FS.
| Agencias EFE, DPA y ANSA, y Ámbito Financiero |