Un largo debate que anticipa veto para aprobar el 82% en Diputados

Volvió Elisa Carrió de Córdoba. Dirigió parte de la batalla por el 82% junto a Patricia Bullrich. Lejos de la puja electoral, hubo mimos entre Ricardo Alfonsín y Gabriela Michetti, ante la mirada de Federico Pinedo, Los «rebeldes» Claudio Lozano y Fernando Pino Solanas apoyaron el 82%, pero insistieron toda la sesión con la suba de aportes patronales. Agustín Rossi ordenó inundar de discursos el recinto, junto a José María Díaz Bancalari. Camaño enseñó sobre estas peleas a Narváez y Amadeo.

Largas horas de discursos con una lista de oradores que batió récords le insumía a Diputados anoche el debate del proyecto que fija el 82% móvil para los haberes previsionales y al mismo tiempo obliga por ley a respetar el fallo que la Corte Suprema emitió en el caso Badaro. La discusión en el recinto, con final previsto para la madrugada, repitió los mismos puntos que durante el día anterior habían sumido a la oposición en una negociación para intentar unificar criterios. Aunque todos los bloques apoyaban la decisión de avanzar con el 82%, la UCR, el macrismo, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal se negaron a incluir fuentes de financiamiento específicas para los aumentos, lo que implica que éstos deberán ser financiados por la ANSES y, eventualmente, partidas que se fijarán en el próximo Presupuesto nacional. No fue la idea que sostuvieron hasta último momento Claudio Lozano y Fernando Pino Solanas, que insistieron en incorporar su proyecto, que contemplaba una suba de aportes previsionales y el uso de la recaudación excedente de la ANSES para cubrir los pagos. De todas formas, y a pesar de esa disidencia, sellaron un compromiso para quedarse en el recinto y aportar el quórum opositor.

El kirchnerismo intentó hasta último momento evitarle a Cristina de Kirchner un veto seguro, repitiendo durante los más de 60 discursos oficialistas los números que Amado Boudou y Diego Bossio, jefe de la ANSES, habían presentado al Congreso cuando argumentaron la imposibilidad de financiar el 82%. Con esa estrategia alargaron la sesión hasta niveles impensados.

Anoche la oposición tenía garantizado el número para aprobar el proyecto que luego deberá sancionar el Senado, allí con resultado aún incierto. De hecho, los radicales y peronistas federales debieron resignarse hace dos semanas a que Diputados avanzara con el tema por falta de quórum.

Aclaración

La sesión de ayer comenzó a las 14.30 con quórum suficiente: 135 diputados de los bloques opositores. Así, la centroizquierda ayudó en el número, pero aclarando que votaría su propio dictamen alternativo. Enseguida, Agustín Rossi, jefe del kirchnerismo, ordenó a su bancada entrar al recinto para iniciar la carrera de discursos en contra del proyecto.

El debate comenzó con la defensa del dictamen de mayoría que hizo Mauricio Ibarra, del Peronismo Federal y presidente de la Comisión de Previsión Social.

«No me imagino a Perón haciendo cálculos de cuánto iba a costar el pago del aguinaldo; no lo imagino diciendo primero no; armando un power point desde la ANSES para decir no a los jubilados», dijo Ibarra. De todas formas, reconoció que la actual ley de movilidad jubilatoria tuvo en su «espíritu sanas intenciones, pero a la luz de los números que hoy arrojan no resuelve el problema».

Estrategia

Gustavo Marconatto, kirchnerista y jefe de Presupuesto y Hacienda, arrancó con la estrategia oficialista: «No prevé un sistema de financiación necesario para solventar el sistema previsional», dijo sobre el proyecto de la oposición.

Lozano, miembro informante del dictamen de minoría firmado además por Proyecto Sur, el SI, el socialismo y el GEN, explicó que los recursos «alcanzan y sobran», y explicó entonces su esquema de financiamiento.

De acuerdo con el dictamen de mayoría, el haber mínimo pasaría de $ 1.046 a $ 1.427, y a partir de ahora pasaría a calcularse sobre la base del 82% del salario mínimo de los trabajadores en actividad, modificando así el índice de actualización semestral.

El kirchnerismo centró su estrategia durante la sesión en preparar el escenario legal para el seguro veto de Cristina de Kirchner a la ley. No sólo hubo preocupación en explicar políticamente la intención de la oposición de presionar para que la Presidente pague el costo político de observar la ley, si se sanciona también en el Senado, también se lanzaron los argumentos legales para que la Casa Rosada pueda citar textualmente la versión taquigráfica en el futuro decreto.

Uno de los encargados de esa estrategia fue Jorge Landau: «Es demagógico, no es inocente y parece ser sólo una expresión de deseo, que se encuentra lejos de ser posible en la realidad», dijo. Luego se explicó hasta el hartazgo, en esa intención de preconstituir el veto, que el proyecto, al no establecer las fuentes de financiamiento para el aumento a jubilados, viola la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que podría ser el principal justificativo para una decisión presidencial de la que los Kirchner quisieron escapar desde el principio.

La incomodidad les ganó también a los diputados sindicales durante toda la sesión. Oponerse a una suba para jubilados no parece buena postura para un gremialista que se precie. De ahí que finalmente, y tras negociación de Hubo Moyano con el propio Néstor Kirchner, decidieran emitir un comunicado con el título «Si al 82%, no a la mentira», denunciando a la oposición por impulsar un proyecto engañoso.

Allí firmaron, entre otros, Carmen Nebreda, Héctor Recalde, Stella Maris Leverberg, Antonio Alizegui, Omar Plaini, Guillermo Pereyra, Dante González, Octavio Argüello, Juan Carlos Sluga y Juan Marcos País.