Una combinación fatal: deterioro en trenes y fallas en controles

El delegado de la línea Sarmiento, Rubén Sobrero, quiso dar una conferencia de prensa. La gente se lo impidió.

Trenes de Buenos Aires (TBA) y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dijeron ayer que se investigan las causas del accidente del tren en Once, pero en primera instancia está claro que los sistemas de alarma de la formación no funcionaron como debieron hacerlo. Puede suponerse también que fallaron los cuatro tipos de freno con que debió haber contado la máquina.

Por otra parte, aunque este accidente fue especialmente trágico, hay una seguidilla de eventos en los últimos años, en particular en 2011, que ya demostraban el estado de deterioro creciente de los trenes en todo el país. Hay además un sistema perverso por el cual los contratos con los concesionarios privados como TBA no fueron renegociados desde 2000, y como contrapartida hay pocas sanciones, muy pocas de ellas llegan a multas, y cuando llegan no se pagan a cuenta de lo que debe el Estado al prestador, ya sea por subsidio para cubrir gastos operativos o por inversiones.

Si no hay sanciones, puede deducirse que tampoco hay verificaciones de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) sobre el material rodante, aunque TBA es una de las empresas subsidiadas por el Estado nacional. Desde 2002, las inversiones están a cargo del Estado y la empresa cubre los gastos operativos con el subsidio y la recaudación.

Según los datos oficiales, TBA percibió en 2011 subsidios por $ 133,3 millones (unos u$s 32 millones), que se dividen entre el Mitre y el Sarmiento, y en este último se puede estimar además una recaudación de alrededor de $ 160 millones (otros u$s 38 millones), calculando que moviliza medio millón de pasajeros por día hábil, la mitad durante los fines de semana y un pasaje promedio de 1 peso. En términos simplificados, TBA dispuso aproximadamente de u$s 54 millones en 2011 para hacer el mantenimiento, comprar insumos y pagar sueldos.

TBA es una empresa de Cometrans, un grupo de compañías del transporte automotor de pasajeros, cuyo principal accionista es el Grupo Plaza, empresa de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, que opera servicios de colectivos en Capital, GBA, Bahía Blanca y otras ciudades del interior, y micros de media y larga distancia. El Grupo Plaza, que a principios de la década del 90 tenía algunas líneas de colectivos urbanos e interurbanos, tuvo un desarrollo espectacular en los últimos años, aun tratándose de servicios mayoritariamente subsidiados por el Estado, es decir que arrojan pérdida operativa.

Los hermanos Cirigliano manejan también la empresa Emfersa, dedicada a la fabricación y reparación de material rodante, y TATSA, fabricante de colectivos. A través del Grupo Plaza, Cometrans o TBA, incursionaron también en el exterior con inversiones en Uruguay, Perú, China, India y Brasil, de donde se retiraron de la concesión de los subterráneos de Río de Janeiro en 2008. También participan del proyecto de la televisión digital, habiendo ganado la licitación para proveer los decodificadores.

Cuando se reestatizaron el Roca y el San Martín -que también están subsidiados-, la Secretaría de Transporte creó una unidad de operación y gestión para esos ferrocarriles que está mayoritariamente a cargo de TBA. Ésta además opera el diferencial Puerto Madero-Castelar, el tren a Rosario y Santa Fe, el que va a Paso de los Libres en Uruguay, y en los últimos dos meses el ferrocarril que llega a Misiones. Todos esos corredores se adjudicaron en forma directa, sin licitación.

Curiosamente, en 2007 los Cirigliano pagaron durante seis meses los sueldos del personal de Southern Winds, cuando esta empresa dejó de operar por el escándalo de las valijas de cocaína. Por entonces, el exsecretario Ricardo Jaime quería darle las frecuencias de SW a Safe Flight, de los Cirigliano, hasta que finalmente se dio acceso a la chilena LAN al mercado local.

Los subsidios por trenes y transporte automotor entregados a los Cirigliano en los últimos años, la inexplicable ampliación económica del grupo que da servicios subsidiados, y la falta de sanciones y multas complican al Gobierno frente al accidente.