El Gobierno sufrió ayer un revés judicial en su estrategia de bloquear la aplicación este año de las cláusulas gatillo en las negociaciones salariales. La Justicia chaqueña avaló una medida cautelar presentada en ese sentido por la Asociación Bancaria, el gremio que ayer cumplió su segundo día de paro nacional en protesta por la falta de avances en su paritaria. El fallo, que hoy apelará el Ejecutivo, convalidó además la retención forzosa a favor del sindicato que lidera Sergio Palazzo del 1% del sueldo de cada empleado no afiliado, la denominada "cuota solidaria" a la que el Ministerio de Trabajo había quitado vigencia.
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Se trata de una resolución del juzgado Civil y Comercial 11 de Resistencia, Chaco, que hizo lugar a un pedido formulado por la seccional provincial de La Bancaria para continuar la aplicación de la cláusula gatillo (el mecanismo que garantiza la actualización automática de los sueldos según el índice de inflación de cada mes) a partir de enero, cuando en teoría ya había caído su vigencia a partir del 31 de diciembre. La estrategia había sido anticipada por este diario el 26 de noviembre como un plan para sostener una suerte de "gatillo constante" que pudiese suplir la falta de acuerdos en las paritarias por decisión de la administración de Mauricio Macri.
El fallo validó la aplicación del principio de "ultraactividad" según el cual un convenio colectivo mantiene vigencia en todos sus ítems en tanto no sea reemplazado por un nuevo acuerdo. En base a esa premisa la cautelar extendió sin plazo la vigencia del ajuste automático de los sueldos y de la "cuota solidaria". Hasta ahora la negociación salarial en el sector financiero permanece estancada con una oferta de los bancos de subir 9% los sueldos de sus empleados con la facultad de aplicarles este año la misma cláusula gatillo que el Gobierno impulsó en 2017 y que bloquea en la actual ronda de discusiones.
En Trabajo adelantaron que hoy se presentará una apelación a la resolución. Los abogados de la cartera laboral deberán justificar que el Estado es damnificado por el fallo que, a primera vista, sólo involucra a privados: el gremio y los bancos. El año pasado la misma paritaria se había judicializado y el Gobierno llegó a pedir el juicio político de dos camaristas que le dieron la razón al sindicato.
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