Tras no haber pagado durante dos años los combustibles líquidos que se importaron para paliar la falta de gas, la administración kirchnerista debió renegociar la deuda con Venezuela con una tasa de interés que triplica la que estaba vigente por los convenios de cooperación de 2004.
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Entre 2007 y 2008, Cammesa -la administradora del mercado eléctrico que controla el Ministerio de Planificación- dejó sin cancelar casi todas las facturas que le remitió la petrolera estatal venezolana PDVSA por los barcos de fueloil y gasoil que había despachado para alimentar a las centrales térmicas. En marzo, y ante la posibilidad de que se corten los envíos previstos para este año, los directivos de Cammesa se sentaron a negociar un plan de refinanciación con PDVSA. Luego de varias reuniones, los técnicos llegaron a una «conciliación de saldos» que arrojó al 31 de marzo de 2009 un reconocimiento de deuda de u$s 813,8 millones a favor de la petrolera venezolana.
El esquema de renegociación -que terminaron de cerrar a principios de mayo en El Calafate Cristina de Kirchner y Hugo Chávez- establece que, en lugar de la tasa de interés del 2% que estaba prevista en los convenios originales, ahora se aplicará el equivalente a la tasa Libor más un recargo del 6% anual.
La deuda acumulada quedó registrada en 12 documentos que firmó Cammesa y que serán cancelados en forma trimestral con los recursos provenientes del Fondo Unificado que funciona en el sector eléctrico.
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