Vialidad: perito oficial admitió que macristas le aportaron los datos

Reconoció que los contratos utilizados como referencia se los dio un funcionario que estuvo ligado a la denuncia que realizó Iguacel para iniciar la causa.

Lázaro Báez

Pablo Eloy Bona, el perito ingeniero señalado por retuitear mensajes violentos contra la expresidenta Cristina de Kirchner, admitió ayer que concluyó su informe pericial con la existencia de sobreprecios tras comparar los contratos denominados Crema, que denominan al mantenimiento de rutas, con licitaciones nuevas. Es decir, que equiparó pagos de reparación de rutas con los valores de rutas construidas de cero.

Pero el punto sobresaliente de la extensa audiencia de este martes (la segunda donde expusieron los autores de los peritajes) es que Bona admitió que esos contratos que usó como referencia fueron aportados por el exfuncionario macrista de la Dirección Nacional de Vialidad, Matías Sandoval. Se trata de uno de los subordinados de Ricardo Stoddart, exjefe de área de jurídicos de Vialidad y uno de los denunciantes de la causa, junto al actual intendente de Capitán Sarmiento y alfil de Patricia Bullrich, Javier Iguacel. Es decir, que el perito oficial, que debe ser imparcial como un requisito intrínseco a su función como auxiliar de la justicia, utilizó información otorgada por los mismos autores de la denuncia.

Otro de los señalamientos de las defensas es que esos contratos de mantenimiento de rutas aportados por la administración de Mauricio Macri fueron de otras provincias y no de Santa Cruz, sobre la que debían ser analizados los costos. Esto generó una distorsión en el resultado de los valores finales, ya que no se tuvieron en cuenta que los costos en zonas no desfavorables son mucho menores. Las distancias, los fletes, los relieves, el clima, etc. son disimiles en cada jurisdicción, lo que redunda en que una ruta construida, por ejemplo, en La Pampa, es mucho más económica que una similar desarrollada en la Patagonia.

Además, esos contratos que usó Bona para su estudio fueron del año 2016, por lo que tuvo que retrotraer los precios al 2006, año en el que se licitaron las obras investigadas. Al parecer, todos estos elementos que debieron ser considerados al momento de realizar un estudio con la precisión que requiere un peritaje, habrían sido pasados por alto.

Los tres peritos ingenieros continuarán declarando por el espacio de varias audiencias más. Hasta ahora, las defensas, tal como lo informó Ámbito, lograron dejar en evidencia varias de las inconsistencias del estudio oficial, único elemento que le queda a la acusación para fortalecer la hipótesis delictiva contra Cristina de Kirchner y los otros doce imputados.