Vocera kirchnerista, de nuevo contra jueces

La diputada vocera kirchnerista y consejera de la Magistratura Diana Conti reactivó ayer la polémica sobre las demoras en los juicios por delitos cometidos en la represión clandestina de las guerrillas, al afirmar que estos retrasos se deben a «la falta de voluntad política de algunos jueces», más que a otros factores. Así, la consejera oficialista quebró el clima de reparto equilibrado de culpas y trabajo conjunto que la Corte Suprema de Justicia había tratado de imponer, con la acordada que firmó el lunes pasado sobre este tema.
Conti, si bien celebró este documento del máximo tribunal, hizo poco caso del análisis sobre los múltiples problemas que plantea la acordada y encontró un único culpable: «La razón principal por la que los juicios se demoran es por la falta de voluntad política de algunos jueces y fiscales, y otros actores fuera del sistema judicial que nunca desearon que los procesos se reabrieran». La consejera hiperoficialista agregó que «aunque puede haber problemas de infraestructura», no se podían atribuir como causa de las demoras. Finalmente, señaló que no eran necesarias nuevas leyes para acelerar los juicios y advirtió que, con una nueva legislación (como recomendó la Corte), «se correría el riesgo de que los juicios en trámite sean objetados por las partes».
El resto de los consejeros de la Magistratura no coincide necesariamente con Conti: el presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, respondió a los dichos de la diputada kirchnerista afirmando que no le parecía que el tema debía concentrarse en la acción de los jueces o en el Ministerio Público fiscal, quienes además -en su opinión- «demuestran una excelente voluntad para resolver este tema». El camarista también destacó que durante 2008 se resolvieron casos muy importantes, como la condena a Luciano Benjamín Menéndez, a Antonio Domingo Bussi y a Julio Rafael Barreiro, y comentó: «Yo no creo que estamos quietos».
Respuesta
El presidente de la Magistratura subrayó además que desde el Consejo iban a hacer todo lo necesario para que se lleven adelante los juicios, con independencia de los jueces. La afirmación funciona como una respuesta a la acordada de la Corte, en la que se señalan numerosos aspectos problemáticos que, en realidad, son competencia del Consejo. Bunge Campos se reunió ayer con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, para empezar a hablar sobre estas cuestiones, pero recién se empezará a trabajar en la instrumentación de la acordada en febrero, al regresar de la feria. En este punto, el trabajo conjunto entre la Corte y la Magistratura va a ser central. Algunos de los problemas más importantes en el documento de la Corte son responsabilidad del Consejo, como el nombramiento de jueces, la disponibilidad (y condiciones de seguridad) de las salas, la digitalización de las causas, así como todo lo relacionado con recursos materiales y humanos. Hasta la partida de dinero destinada a la creación de la Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, el organismo creado por el máximo tribunal para monitorear estas causas, depende del presupuesto del Consejo, a cargo de la administración del Poder Judicial.
De hecho, desde la Corte señalaron que la acordada funciona como un marco general, pero que en realidad es sólo un punto de partida. Lo difícil va a ser implementarla, más allá de las buenas voluntades que todos tengan. En este sentido, la partida para crear la Superintendencia plantea un primer obstáculo, ya que el presupuesto de la Magistratura para 2009 está cerrado. Frente a esto, existen dos alternativas: la reasignación de recursos o que el jefe de Gabinete extienda las partidas del Consejo por decreto. Este tema empezará a discutirse recién en febrero, en la Comisión de Administración, y luego pasará al plenario. Es decir que, a pesar de que el Consejo y la Corte tengan la voluntad política de resolver este tema, hay cuestiones de recursos de por medio que incluyen al Poder Ejecutivo, y que implicará negociaciones y tiempo. Y esto, sin siquiera tener en cuenta un aspecto central que compete al Congreso, como la reforma del Código Procesal.
Agilizar las causas por crímenes de lesa humanidad va a llevar una enorme inversión de tiempo, recursos y trabajo de coordinación entre los tres poderes. Y más allá de que todas las instituciones consideren que el tema forma parte de una política de Estado, en la práctica hay que ver quién paga la inversión de esos esfuerzos. Desde la Magistratura aseguraron: «Si todos nos ponemos de acuerdo, no va a haber ningún problema; esto es, en tanto y en cuanto haya voluntad de todas las partes para resolverlo. La Justicia va a poner su mejor esfuerzo para que todo funcione, pero no nos pueden hacer responsables si otros bloquean las iniciativas». En el polo opuesto de la posición de Conti, señalan posibles segundas intenciones por parte del poder político en alimentar la «eternización» de las causas, buen material de retórica y corrección política para todos los sectores. En efecto, después de la polémica de la semana pasada por el fallo de Guillermo Yabuzzi y Luis María García, y de las amenazas de juicio político, nadie presentó una denuncia formal contra ellos ante el Consejo de la Magistratura. A pesar del esfuerzo de la Corte en cuidar la relación entre los tres poderes y firmar una acordada que «equilibre» las culpas, las fisuras entre los distintos sectores igual saltan a la vista.