Vuelve feudalismo: como hace 220 años, patrón fija medida

Enrique Blasco Garma

El INDEC es un ente de medición. Su autoridad emana de la confianza ganada en aplicar procedimientos homologados por la profesión. No obstante, el Gobierno intenta lavar su responsabilidad violando métodos comprobados, para tapar índices peores de precios y pobreza. Esa violación es tolerada por una comunidad minada por instituciones endebles, donde la incertidumbre continuará entorpeciendo las actividades económicas y sociales.

La historia de la Europa feudal está plagada de conflictos por mediciones. Los señores feudales torcían las mediciones a su conveniencia. Los diputados elegidos para los Estados Generales llevaban cuadernos de quejas, «Cahiers de Doleances», de las comunidades, donde la más frecuente era los abusos por la falta de «medidas justas». La idea central de la Revolución Francesa está identificada en los Cuadernos: la Igualdad ante los impuestos y la ley. Más tarde, la Convención dio respuesta a los reclamos cuando convocó a los mayores científicos para crear un sistema objetivo, luego conocido como el sistema métrico decimal. Una misma ley para todos los hombres, para todos los tiempos fue el grito convocante.

Justo a 220 años de la Revolución Francesa, un Gobierno que quiere ser progresista nos retrotrae a los tiempos feudales, donde el patrón fija la medida. El INDEC evidencia que el Ejecutivo rehúsa someterse a controles objetivos. Para eso altera los procedimientos de medición. No sólo en INDEC. El Estado suprimió estadísticas oficiales en varias actividades. No quiere auditorías ni mediciones independientes. La postura de resistirse a opiniones y mediciones independientes es peligrosa para la democracia y libertades.

Las sociedades y los juegos colectivos se basan en el cumplimiento de normas. El fútbol y todo deporte competitivo están sujetos a reglas conocidas. Los que incumplen son sancionados. Toda organización se nutre de normas.

Cumplir las leyes

La razón del Estado es asegurar el cumplimiento de las leyes. La Justicia consiste en la aplicación de normas aceptadas. La verdad se construye con reglas, criterios de aceptación y rechazo de hipótesis.

La mentira genera confusión, negación al diálogo franco para resolver conflictos. Los dictadores se apropian de la verdad, ocultan datos, para favorecerse. El principal logro de la democracia es incluir al mayor número de personas bajo la misma ley. Así abre oportunidades y competencia. En las sociedades retrasadas prevalece la exclusión y privilegios, la ley desigual, el personaje que fija su propia norma.

Las ciencias siguen un método homologado por la profesión, que evoluciona a medida que las hipótesis son rechazadas o aceptadas. No existe una ciencia argentina, japonesa, diferente de la especialidad mundial. Los profesionales tienen autoridad en tanto siguen procedimientos reconocidos.

Lo mismo para los registros estadísticos. En todo el planeta siguen idénticos procedimientos: los sancionados por la práctica y consenso de los expertos prestigiosos de la disciplina. Los contadores que se apartan de las normas para perjudicar a terceros son sancionados penal y civilmente. Tras las estafas siempre hay un contador o un funcionario que aplica un criterio particular, contrario a las prácticas usuales. La estafa se alimenta del equívoco.

Los datos estadísticos valen porque tienen un valor homologado. La convivencia se asienta en consensos, registros y normas con significados compartidos. El INDEC tenía ganado gran prestigio porque siempre, contra viento y marea, había mantenido procedimientos coherentes con las recomendaciones internacionales en la materia (Naciones Unidas, Eorostat, etc.). A partir de 2007, alteró los procedimientos reconocidos.

Cuando se descubre una estafa, no citan a universidades o científicos seleccionados para analizar el caso, a ver si encuentran un justificativo. Pues las normas contables y estadísticas son claras y precisas. Cualquier experto puede dictaminar que se violaron.

Ni la AFIP, Aduana, ni otros órganos de contralor aceptan que se les presenten registros divorciados de los estrictos procedimientos admitidos. Los procesos administrativos y judiciales castigan a quien se alza contra criterios aceptados. Sin esa respuesta rápida, no habría administración eficaz ni justicia.

En relación con el INDEC, el Estado emitió obligaciones sujetas a cláusulas de acepción general. La distorsión de cifras por funcionarios públicos daña el crédito de la Argentina. El crédito, pregonaba Alberdi, es el bien más preciado de una nación. «Es la varita mágica que debe darnos población, caminos, canales, industria, educación y libertad». Las naciones avanzadas y democráticas castigan la mentira de los funcionarios. Nixon renunció a la presidencia de los EE.UU. por mentir.

La presidenta de la Nación reconoce la necesidad de fortificar las instituciones. Con el INDEC existe una oportunidad contundente.