El Gobierno apunta contra el Fondo de las Artes y el Instituto del Teatro

La “ley ómnibus” del Ejecutivo propone la disolución de ambos organismos. El INCAA sobrevive pero se limitarán dramáticamente sus recursos de financiación.

fondo de las artes. La casa de Victoria Ocampo en Barrio Parque es la Casa de la Cultura del organismo del que ella fue su primera directora.

La cultura en su conjunto recibió ayer como un baldazo de agua fría algunas de las medidas contenidas en el proyecto de Ley de Reforma a la Administración Pública. Más que sorpresivas fueron, en algunos casos, desconcertantes, ya que algunos de sus artículos contemplan la disolución de organismos al frente de los cuales ya había funcionarios designados. Por caso, Javier Torre, el cineasta que hizo una gestión ejemplar en el Centro Cultural San Martín en los años de Alfonsín, venía sosteniendo como nuevo director del Fondo Nacional de las Artes varias reuniones desde hace días para constituir el directorio, hasta que se desayunó ayer con la novedad de que se prevé el fin de la entidad. El FNA, fundado en 1958 y que tuvo a Victoria Ocampo como primera directora, a lo largo de las décadas cumplió un papel esencial en el sostén de las artes con fondos descentralizados (el FNA cobraba un porcentaje por toda edición de obra de dominio público).

Lo mismo le ocurrió al director y productor Mariano Stolkiner, cuando por la tarde supo que el Instituto Nacional de Teatro, el INT, donde había sido designado como director y en cuyo funcionamiento venía interiorizándose, tampoco sobrevivirá en caso de aprobarse el artículo 587 del proyecto. El INT fue creado por la Ley 24800 de 1998. Stolkiner decía ayer ante la consulta periodística “No puedo hacer declaraciones oficiales porque yo aún no he sumido, pero sí puedo decir que mi posición es que la ley 24800 no se puede derogar. Una cosa es generar ajustes, otra es volarlo del mapa”. En verdad, ninguno de estos nuevos funcionarios entró en funciones. Fueron convocados en medio de una maraña de contradicciones inexplicables.

En cambio, la “ley ómnibus” deja a salvo, pero malherido, al organismo al que más se había amenazado en campaña, el INCAA, o Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. El articulado prevé, para su Fondo de Fomento Cinematográfico, sólo “un impuesto equivalente al diez por ciento aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto ,y con los recursos que defina el Presupuesto Nacional”. Esto deja de lado la ley 17.741 para sostener las políticas de fomento con el 25 por ciento “de las sumas efectivamente percibidas” por el Ente Nacional de Comunicaciones sobre los tributos de la Ley 26.522. También se deroga la vetusta “ley Parisier”, impulsada por el extitular del INCAA en tiempos de Menem, Guido Parisier, que gravaba con otro 10% el alquiler de videocasetes. Hoy eso no existe más, pero lo que se deja de lado, y por lo que venía peleando hace mucho la industria, era un tributo de las plataformas de streaming a la producción de cine.

El Instituto Nacional de la Música (INAMU), creado en 2012 a través por la Ley 26.801, también limita sus fondos a los que “asigne la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”. A este panorama hay que sumar el proyecto de derogación de la Ley 25.542 que establecía que los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público o consumidor final de los libros que edite o importe. Ayer sumó a última hora su alarma la Fundación El Libro, organizadora de la Feria del Libro, que manifestó “su absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del admirado sistema cultural argentino, como la Ley de Defensa de la Actividad Librera (25.542) y la desaparición del Instituto del Teatro y el Fondo de las Artes.