Política

Emergencia alimentaria: el Gobierno desconfía de la oposición y negocia con gremios

La ministra de Salud y Desarrollo Social abrió una instancia de diálogo con los sindicatos pero dejó en claro que la iniciativa de emergencia es exclusiva del Congreso.

El Gobierno desconfía de la oposición y sus intenciones reales de empujar en plena campaña electoral, la emergencia alimentaria, situación que buscaba definición anoche -al cierre de esta edición- con un proyecto unificado por muchos bloques antimacristas -no todos- y un pedido de sesión especial pensado, en principio, para pasado mañana. Tras derivar esa trifulca al Congreso, Casa Rosada comenzó a negociar desde ayer, junto a gremios importantes, paquetes con alicientes para trabajadores.

“Lo alimentario lo tiene que definir el Congreso, hay distintos proyectos y se debe tratar en ese marco. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, como aumentar las raciones -para comedores sociales y escuelas-, y hemos reasignado partidas para reforzar lo alimentario”, aseguró la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, al término de una reunión que mantuvo con los secretarios de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña, y otros delegados de sindicatos grandes.

Como respuesta, gran parte de bloques hoy referenciados en el Frente de Todos -cristinismo, massismo, progresistas K-, un renovadores misionero y algunos legisladores del interbloque peronista -mezclado entre albertistas y lavagnistas- firmaron un proyecto en conjunto que hizo circular en las últimas horas el diputado Leonardo Grosso, terminal del Movimiento Evita en el Congreso.

La iniciativa plantea que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y disponer un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

En los argumentos, los legisladores remarcan la necesidad de implementar soluciones ante urgencias derivadas de las políticas económicas del año pasado y del corriente, es decir, del mandato macrista.

Durante la mañana de ayer, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, manifestó: “Nosotros nunca dejamos de tomar medidas que tuviesen que ver con lo social, y nuestros presupuestos han tenido la inversión social más importante de 1983 hasta ahora”. Además, dijo que Stanley “está usando” las herramientas de la ley de emergencia social de 2016 para asistir a quienes requieren asistencia por falta de alimentos. Esa ley significó $30.000 millones de pesos que se distribuyeron en los últimos tres años a movimientos sociales y organizaciones comandadas por piqueteros papales.

Hay otro proyecto que ingresó ayer la diputada K Fernanda Vallejos para declarar la emergencia alimentaria hasta el 21 de diciembre de 2020, prorrogable por un año más. “Lamentablemente el gobierno hace oídos sordos, no sólo porque se niega a abrir el parlamento para tratar las propuestas, sino fundamentalmente porque está alejado de la realidad del país que gobierna”, expresó la legisladora.

El problema que tienen las iniciativas es que no cuentan con dictámenes de comisión. Por ende, necesitarán el aval de dos tercios en el recinto para ser habilitados y votados. Esa llave que tiene el oficialismo para bloquear cualquier tipo de iniciativa sin despacho es hoy un arma de doble filo, ya que la negativa del macrismo es interpretada por la oposición como un costo alto a pagar en plena campaña electoral. Por ahora, desde Casa Rosada dejaron claro que no quieren negociar bajo métodos extorsivos.

La Cámara baja aparece como el inicio de esta trifulca, pero los antimacristas del Senado también están al tanto y ya hablaron del tema con Alberto Fernández (ver página 11).

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