Un proyecto de ley presentado en el Senado para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal encendió una señal de alerta entre sectores productivos vinculados al petróleo, gas, minería y agro, que advierten que la iniciativa podría sumar incertidumbre sobre inversiones y operaciones de largo plazo en actividades consideradas estratégicas para la economía argentina.
Ecocidio: advierten que el proyecto de ley puede frenar inversiones en Vaca Muerta, minería y agro
Sectores productivos cuestionan un proyecto presentado en el Senado que incorpora el delito de ecocidio al Código Penal. Advierten por zonas de indefinición, riesgo operativo e incertidumbre jurídica para actividades de largo plazo.
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La propuesta fue presentada por la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi y plantea una nueva figura penal vinculada a daños ambientales. El planteo genera preocupación especialmente en actividades como Vaca Muerta, la minería y el sector agropecuario, cuyos proyectos requieren grandes desembolsos, extensos períodos de desarrollo y previsibilidad regulatoria para avanzar.
El argumento de los sectores privados es que Argentina necesita consolidar seguridad jurídica y reglas previsibles para sostener una nueva ola de inversiones y transformar el crecimiento de estas actividades en mayor producción, empleo, desarrollo territorial y generación de divisas.
El principal cuestionamiento está puesto en el alcance de la figura propuesta. El proyecto establece como condición para configurar el delito la violación de “cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones”. Para los sectores que analizan la iniciativa, esa formulación abre una zona de indefinición porque podría abarcar leyes nacionales y provinciales, ordenanzas municipales, reglamentos técnicos, resoluciones administrativas, obligaciones de monitoreo y condiciones particulares incluidas en permisos.
La preocupación por la indefinición del delito
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es que la figura se construye alrededor de conceptos como daño “irreversible” o “especialmente grave”, sin establecer parámetros cuantificables que permitan determinar con suficiente previsibilidad cuándo un impacto ambiental alcanza esos umbrales.
La discusión adquiere especial relevancia para industrias que desarrollan operaciones complejas y de gran escala. En actividades como petróleo, gas y minería pueden producirse incidentes o impactos no buscados que luego requieren acciones correctivas, mitigación o remediación.
Con el esquema planteado, una decisión técnica que genere un impacto ambiental no intencional podría derivar en una discusión penal en torno a dos cuestiones: si existió negligencia o impericia y si el daño debe ser considerado “especialmente grave” o “irreversible”.
Para los actores privados, allí aparece uno de los principales riesgos del proyecto. La determinación sobre cuándo un ecosistema puede recuperarse y cuánto tiempo demanda esa recuperación puede depender de evaluaciones técnicas diferentes. Dos especialistas podrían arribar a conclusiones distintas sobre la posibilidad o el tiempo de recuperación de un determinado ambiente. Esa diferencia técnica, advierten, podría terminar siendo determinante para establecer la existencia y gravedad de un delito.
El punto central de la discusión, entonces, no pasa por cuestionar que una conducta negligente que provoca un daño ambiental pueda tener consecuencias. El debate está en cuándo ese hecho deja de ser una infracción administrativa o una cuestión de responsabilidad civil y pasa a configurar un delito penal, con penas que, de acuerdo con el proyecto, pueden llegar hasta los 15 años de prisión.
El riesgo para Vaca Muerta y las inversiones de largo plazo
La preocupación adquiere particular dimensión en Vaca Muerta, donde el desarrollo hidrocarburífero requiere inversiones sostenidas, planificación de largo plazo y una cadena de valor integrada por empresas operadoras, proveedores de servicios y múltiples actividades vinculadas.
Los sectores privados del oil & gas, minería y agro, junto con sus respectivas cadenas de valor, sostienen que la iniciativa podría criminalizar el riesgo operativo ordinario al contemplar penas también para daños producidos por imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de deberes.
Desde esa perspectiva, un incidente operativo habitual podría dejar de ser analizado exclusivamente desde el plano administrativo, regulatorio o civil y abrir también una causa penal.
El cuestionamiento apunta a que determinados incidentes pueden ser corregidos mediante acciones correctivas o procesos de remediación cuya eficacia ya se encuentra probada en las propias actividades productivas. La posibilidad de una consecuencia penal, sostienen los sectores, podría modificar la evaluación de riesgo de nuevos proyectos y afectar decisiones de inversión, operación y autorización.
El impacto potencial no se limita al sector hidrocarburífero. La misma preocupación alcanza a la minería y el agro, actividades que también dependen de proyectos de largo plazo y de marcos regulatorios previsibles para comprometer capital.
El planteo constitucional
Otro de los ejes del cuestionamiento está relacionado con el principio de legalidad penal, establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
El argumento de los constitucionalistas críticos de la iniciativa es que un delito debe establecer con suficiente precisión tanto la conducta prohibida como la pena aplicable. El objetivo de este principio es que una persona pueda conocer antes de actuar qué comportamiento puede generar responsabilidad penal y que la definición sustancial de un delito no quede librada a reglamentaciones o interpretaciones posteriores. En este caso, la objeción se concentra en la referencia a “cualquier normativa” ambiental.
La amplitud de esa expresión podría hacer que la conducta utilizada como base para configurar el delito no dependa únicamente de una ley sancionada por el Congreso Nacional. También podría quedar vinculada con normas provinciales, ordenanzas municipales, resoluciones administrativas u otras regulaciones.
Para quienes cuestionan el proyecto, esto introduce un problema adicional: una misma conducta podría tener distinta relevancia según la normativa ambiental vigente en cada provincia o municipio.
Así, una figura incorporada al Código Penal nacional podría terminar dependiendo de regulaciones que varían territorialmente y que, además, pueden ser modificadas posteriormente por autoridades administrativas.
De la sanción ambiental al delito penal
El eje de la discusión está, en definitiva, en establecer una frontera clara entre incumplimiento ambiental, responsabilidad administrativa o civil y responsabilidad penal.
Los sectores productivos sostienen que esa frontera debe estar definida con precisión antes de avanzar con una figura que contempla penas de prisión. En particular, cuestionan que conceptos como “irreversible” y “especialmente grave” puedan determinarse sin parámetros suficientemente claros y que la figura pueda activarse a partir del incumplimiento de un universo amplio de normas ambientales.
El riesgo que señalan es que una empresa o un responsable operativo deba evaluar no solamente las consecuencias productivas, ambientales, administrativas y civiles de una determinada decisión, sino también la posibilidad de que un incidente no intencional sea posteriormente interpretado como un delito.
En sectores como petróleo, gas, minería y agro, donde las inversiones requieren horizontes extensos y comprometen capitales significativos, esa incertidumbre puede convertirse en un factor adicional al momento de decidir nuevas inversiones.
La discusión legislativa sobre el ecocidio plantea así un desafío que excede la definición de una nueva figura penal: cómo fortalecer la protección ambiental sin introducir niveles de incertidumbre que terminen afectando las actividades productivas que hoy concentran buena parte de las expectativas de crecimiento, inversión y generación de divisas de la Argentina.
