La justicia en lo Penal Económico recibió una denuncia por posible contrabando contra pesqueras por explotar recursos argentinos bajo licencias británicas en las Islas Malvinas.
Denuncian por contrabando a pesqueras que operan en el Atlántico Sur bajo licencias británicas
La denuncia apunta contra directivos y responsables de empresas pesqueras internacionales que, según los denunciantes, explotarían recursos argentinos en el área de Malvinas con permisos otorgados por autoridades británicas. Investigarán posibles maniobras para evadir el control aduanero y el pago de derechos de exportación.
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Crece la tensión sobre las actividades en torno a las islas Malvinas.
Los denunciantes solicitaron además que se determine si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por “omisión de vigilancia, patrullaje” o por no haber promovido actuaciones destinadas a perseguir los hechos denunciados.
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal por presunto contrabando contra directivos, administradores y representantes de empresas pesqueras internacionales que operarían en el Atlántico Sur bajo supuestas licencias de pesca otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada ante la justicia en lo Penal Económico y sostiene que las actividades denunciadas afectarían la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales ubicados en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Los denunciantes basaron parte de su presentación en información publicada sobre empresas y buques que desarrollarían actividades pesqueras en la zona.
En el escrito sostienen que las firmas denunciadas estarían realizando una explotación comercial de recursos pesqueros argentinos mediante permisos que califican de ilegítimos.
La presentación contiene el detalle de las empresas denunciadas:
Patentes de corso
En términos particularmente duros, afirman: “Las llamadas ‘licencias de pesca’, en realidad, son verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina”.
Según la denuncia, los buques estarían capturando recursos vivos marinos en áreas que los denunciantes consideran comprendidas dentro del territorio marítimo argentino y luego realizarían operaciones de exportación, trasbordos o descargas sin pasar por los controles de la Aduana argentina.
La presentación plantea que allí podría configurarse el delito de contrabando porque las empresas “extraerían riqueza soberana del territorio argentino” y realizarían operaciones sin someterse al control aduanero nacional. También sostiene que las autorizaciones británicas serían utilizadas como parte de un mecanismo para evitar la fiscalización argentina y el pago de los derechos correspondientes.
Los denunciantes invocaron los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero, vinculados con la obstaculización del control aduanero, la exportación clandestina o elusión de controles y distintas circunstancias agravantes. En particular, señalaron la utilización de buques y la presunta organización de las operaciones para evitar los controles de la Aduana y de la Prefectura Naval Argentina.
Qué le pidieron a la Justicia
Además de investigar a las empresas y sus responsables, solicitaron que se determine si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por “omisión de vigilancia, patrullaje” o por no haber promovido actuaciones destinadas a perseguir los hechos denunciados.
Para avanzar con la investigación, pidieron que la Prefectura Naval Argentina y el INIDEP remitan los reportes de avistaje e identificación de las flotas pesqueras vinculadas con las empresas denunciadas y de otras que hayan sido detectadas operando en el Atlántico Sur bajo licencias británicas o sin autorización argentina.
También solicitaron que la Dirección General de Aduanas informe si las firmas realizaron operaciones de exportación o pagaron aranceles por las capturas efectuadas en el área marítima de Malvinas. A la Inspección General de Justicia, en tanto, le pidieron información sobre los vínculos comerciales de esas empresas con filiales y activos operativos en el territorio continental argentino.
Finalmente pidieron que, si corresponde, se cite a declaración indagatoria a los directivos de las firmas denunciadas y se dispongan medidas cautelares sobre sus buques y activos comerciales en el continente.
