El Gobierno avanzó con una medida clave para reforzar la infraestructura energética del país al poner en marcha el Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.
El Gobierno impulsa la ampliación del sistema de transporte eléctrico con obras prioritarias: cómo se harán y quién las va a financiar
Un decreto habilita la ejecución de proyectos estratégicos mediante concesiones con inversión privada, con el objetivo de fortalecer la red y evitar cortes de suministro.
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El Gobierno avanza con la ampliación del sistema de transporte eléctrico
La iniciativa quedó formalizada con la publicación del Decreto 921/2025, que habilita la ejecución de obras consideradas prioritarias a través de un esquema de concesión de obra, con participación del sector privado y reglas claras para los inversores.
Los objetivos de la medida impulsada por el Gobierno
La normativa apunta a reducir el riesgo de interrupciones en el suministro, fortalecer la red eléctrica nacional y resolver los cuellos de botella que hoy dificultan el traslado de energía desde los puntos de generación hacia los centros de consumo. Estas limitaciones estructurales afectan la confiabilidad del sistema y representan un freno tanto para el crecimiento de la demanda como para el desarrollo de nueva capacidad de generación.
Según lo establecido, las ampliaciones definidas como prioritarias se concretarán mediante licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales, bajo el régimen previsto en la Ley de Concesión de Obra. El esquema prevé que las empresas adjudicatarias se encarguen de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, sin requerir aportes directos del Estado, lo que busca garantizar previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica.
El decreto también asigna a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía la responsabilidad de llevar adelante los procesos licitatorios, desde la elaboración y aprobación de los pliegos hasta la adjudicación de los contratos. En tanto, el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y control.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca destrabar inversiones demoradas, avanzar en la normalización del sector eléctrico y consolidar un sistema de transporte más robusto, clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que impactan en usuarios, industrias y distintas regiones del país.
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